La expulsión de venezolanos se vuelve una política migratoria sistemática de Colombia

Por Catalina Lobo-Guerrero
armando.info

No se trata de la xenofobia al uso, esa que alimenta prejuicios y a menudo cataliza el sentir de la calle para transformarlo en banderas populistas. Pero fue algo parecido lo que llevó a las autoridades colombianas de migración y policía a empezar a usar desde 2019 como chivos expiatorios de disturbios, crisis sociales y sensaciones de inseguridad a los venezolanos irregulares, a los que expulsa por centenares, sin control judicial, sin responsabilidades claras. Lo cuenta este primer reportaje de una serie que publican en conjunto Armando.info y La Silla Vacía, de Colombia.

El presidente Iván Duque se había puesto la camiseta colombiana. O, para mayor precisión, la chaqueta acolchada y azul oscura de Migración Colombia, la autoridad que controla quien entra y sale del país. La necesitaba para hacerle una visita “sorpresa” a un inmigrante venezolano que decidió echar raíces en una vereda montañosa y fría del municipio de La Calera, cerca de Bogotá. El mandatario se paró frente a su casa. Tocó la aldaba metálica, tres veces: toc, toc, toc. La puerta se abrió y él preguntó, haciéndose el que no sabía —pero sabía muy bien quién era— ante el hombre que lo esperaba:

-¿Don Oscar Soto?

-Señor presidente Duque, es un gusto conocerlo.

Se abrazaron, se dieron palmadas en la espalda como socios, compadres, amigos, hermanos de toda la vida, frente a las cámaras de televisión que grabaron cuando el presidente le entregó, de sus manos, la tarjeta 001 del nuevo Estatuto de Protección Temporal, que él había anunciado a principios de 2021 para regularizar a más de un millón de venezolanos indocumentados.

-Para que sea visible, para que ejerza sus derechos y para que Colombia lo reciba con los brazos abiertos- le dijo Duque, en medio de los aplausos de la comitiva. Hubo otro apretón de manos, un medio abrazo, más palmadas en la espalda y la promesa de que ese documento (Permiso por Protección Temporal-PPT) también sería entregado a sus compatriotas en los próximos días.

-Tremenda alegría, mano- le contestó Oscar, olvidando ya el protocolo después de tanto abrazo y cercanía con el jefe de Estado.

-¿Ah?

-Tremenda alegría, muchas gracias- corrigió.

La escena propagandística mostraba el lado más fraterno de la política migratoria colombiana que, como ningún otro país de la región, ha acogido a dos millones de venezolanos en los últimos cinco años. Ha sido un esfuerzo enorme porque a Colombia le faltan muchos recursos y experiencia en la materia; de hecho, ha sido siempre un lugar expulsor, nunca receptor, de migrantes. Pero al país, ha dicho el presidente Duque, le sobra mucha voluntad y empatía. Eso se lo han reconocido los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea —que han aportado algunos fondos— y las agencias y organismos multilaterales como Acnur, OIM, entre otros.

Esa ha sido su política de mostrar —y de demostrarle a la izquierda y al progresismo que se puede ser conservador y de derecha, y a la vez humanitario— y será su mejor legado cuando en pocos meses pase a convertirse en un expresidente más, uno con muy baja popularidad.

Sin embargo, la política de acogida en realidad empezó con Juan Manuel Santos, cuando decidió darles la nacionalidad por adopción a los cónyuges venezolanos de 22.000 colombianos expulsados por Maduro en 2015, y continuó con el primero de los PEP (Permiso Especial de Permanencia), que se creó en 2017. Hay que añadir también que, si bien el Ejecutivo ha priorizado el tema migratorio, creando incluso la Gerencia de Fronteras que depende directamente de la Presidencia, el esfuerzo ha sido de todo el Estado colombiano.

Pero también ha habido lunares en esos esfuerzos.

Quizás el punto más cuestionable de la política migratoria del actual gobierno y de la gestión de otras autoridades estatales ha sido la manera como han lidiado con los venezolanos que delinquen, o con los que aún siendo inocentes han sido utilizados como chivos expiatorios en los momentos de crisis, en especial durante los días de Paro Nacional de 2019 y de 2021, violando sus derechos.

Muy pocos migrantes han denunciado esas violaciones, y los que se han atrevido, como Miguel Ángel Calderón, el supuesto “espía de Maduro” expulsado en 2019, no han llegado muy lejos. A pesar de contar con una decisión favorable de un juez que revocó su medida de expulsión, Calderón aún no ha podido regresar a Colombia para estar con su familia (su historia completa será publicada en los próximos días como parte de esta serie)

Esta investigación conjunta de Armando.info y La Silla Vacía, denominada Venezolanos, go home, volvió a repasar ese caso y otros, como el de los 59 expulsados en un avión de la Fuerza Aérea Colombiana, que terminaron abandonados en la orilla venezolana del río Orinoco, sin haber sido entregados formalmente a ninguna autoridad del vecino país, como lo exige este tipo de procedimientos. O el de una familia de jóvenes caminantes, con dos niños pequeños, que a principios de mayo, en medio de las guarimbas y protestas, quedaron atrapados en Gachancipá, un municipio pequeño, ubicado sobre una de las autopistas principales que conectan a Bogotá con el norte del país. Terminaron separados cuando uno de ellos fue señalado como vándalo por la comunidad, detenido y expulsado en menos de 36 horas (estas historias saldrán en los próximos días en el marco de la serie que hoy comienza).

El propósito de esta serie periodística, elaborada a partir de testimonios directos de migrantes, testigos, entrevistas con exfuncionarios, abogados, documentos públicos, expedientes, y respuestas a derechos de petición (a los que la Fiscalía colombiana nunca contestó), derechos de insistencia y una tutela interpuesta con el apoyo de la organización no gubernamental El Veinte, fue el de entender la doble narrativa del gobierno y de algunas instituciones del Estado frente a la migración, qué consecuencias ha tenido en la percepción de la ciudadanía, y cómo se han estado utilizando las expulsiones: una medida discrecional administrativa que es legal, pero puede ser injusta.

Percepciones peligrosas

Es difícil precisar cuándo y cómo los venezolanos empezaron a ser percibidos por algunos colombianos como personas peligrosas, pero algunas encuestas y estudios empezaron a medir el rechazo hacia ellos. En octubre de 2018, la opinión desfavorable hacia los venezolanos en Colombia era de 52%, un año después había aumentado a 68%, y en su pico más alto, durante la pandemia —donde el nuevo miedo que surgió era que ellos fueran el mayor vector de transmisión del coronavirus—, ha llegado a estar en niveles superiores al 80 por ciento en 2020, según las encuestas de Invamer Poll.

Las percepciones, que es lo que miden las encuestas, no se corresponden necesariamente con la realidad y esto se ha visto de manera reiterada con la inseguridad, que es uno de los factores que más dispara la xenofobia.

Varios estudios, entre ellos uno muy citado del Migration Policy Institute y el Instituto Brookings de Estados Unidos, que analizó la cantidad de delitos cometidos por venezolanos en tres países de la región (Colombia, Perú y Chile), demostraron que no hay un aumento sustancial de la delincuencia por la llegada de los migrantes. Según el estudio, elaborado con las propias cifras oficiales de la Policía, que empezó a desglosar la cantidad de arrestos por nacionalidad, a partir del 2019, “los ciudadanos venezolanos tienen tasas de arresto por delitos violentos más bajas de lo que justificaría su proporción dentro de la población, pero más altas tasas de arresto cuando se toman en consideración delitos menores”.

Entre esos delitos menores está el de hurtos a comercios o a personas en los buses. Nada de esto supone un peligro grave para la seguridad nacional, y de lo que en realidad habla es de las condiciones de precariedad y desempleo que muchos migrantes enfrentan, especialmente si tienen un estatus irregular y no pueden conseguir trabajos y arriendos legales. Esto también los hace más vulnerables y susceptibles a terminar reclutados por organizaciones criminales, o a ser víctimas de sus acciones, como también lo muestran las cifras.

A pesar de eso, varios alcaldes del país han señalado a los venezolanos como personas peligrosas, culpándolos en sus declaraciones públicas de hacerle “la vida de cuadritos” a los colombianos, como dijo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Esto incide en el tipo de conversación y las matrices de opinión que se van formando los ciudadanos. Los informes del Barómetro de la Xenofobia han analizado cómo las declaraciones estigmatizantes de funcionarios públicos o líderes de opinión disparan los mensajes odiosos y discriminatorios hacia ellos en las redes sociales.

Es innegable que, conforme ha venido aumentando la población venezolana en Colombia, han aumentado sus arrestos, pero eso no quiere decir que la mayoría de los delincuentes en el país son venezolanos. Según la Policía Nacional, en 2017 detuvieron a 376; para 2018, la cifra había ascendido a 2.478; y en 2019 se había duplicado a 4.793. La mayoría habían sido capturados en flagrancia por hurto a comercios, personas, residencias, vehículos, lesiones personales, o estupefacientes. Como muchos de ellos han entrado de manera irregular por las trochas, no aparecen en el registro migratorio. Al no poder identificarlos, por lo tanto, se crea el primer eslabón de una gran cadena de problemas.

Mensajes xenófobos han aparecido en varias ciudades de Colombia, sobre todo en Bogotá. Crédito: Raúl Arboleda / AFP.

“Cuando cualquier extranjero comete delitos, uno va al consulado correspondiente a solicitar información. Si no hay consulado correspondiente, va a un consulado aliado de ese país y el consulado tramita esa solicitud”, explica Christian Kruger, exdirector de Migración Colombia. Pero, incluso antes de que se rompieran formalmente las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, en febrero de 2019, en el consulado venezolano “no daban respuesta tampoco”.

La Policía Nacional habla de “cooperación nula” con el gobierno venezolano y aunque la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol para Colombia realiza solicitudes a su oficina análoga en Venezuela, esta no está obligada a dar respuesta.

Según el intendente Heber Yesid Rojas, jefe de comunicaciones de la Policía Metropolitana de Bogotá, “es ahí donde se tiene el problema, porque al momento de no poder establecer la plena identidad de estas personas, el sistema judicial les da libertad de manera inmediata. Por otra parte, cuando el delito comporta medida de aseguramiento tenemos la boleta de detención de estas personas, pero el Inpec [Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario]  no recibe a los privados de la libertad sin su plena identidad”.

Esta situación empezó a generar una idea peligrosa de impunidad total. “Había una molestia de las diferentes autoridades, porque decían: ‘oiga, es que a los colombianos los están condenando y a los extranjeros no’”, dice hoy Kruger. Y añade que empezaron a detectar que los delincuentes colombianos se empezaron a “indocumentar”, haciéndose pasar por venezolanos para que no los procesaran. Intentaron hacer un proyecto piloto de identificación alternativo con los que eran capturados en flagrancia. “Se les daba un carné, un documento, como un acta de constancia. Algunos jueces la aceptaban, otros no. Eran pañitos de agua tibia”.

Propuesta indecente

En varias de las Mesas Migratorias (reuniones para articular la respuesta de Migración Colombia con todas las instituciones, nacionales, regionales, locales) y en otros espacios o discusiones privadas, algunos funcionarios públicos empezaron a pedir que, a los extranjeros que arrestaran y que no podían identificar ni procesar penalmente, los sacaran de inmediato del país, dejando de lado la primera línea del artículo 100 de la Constitución: “Los extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos derechos civiles que se conceden a los colombianos.”

La idea de utilizar una medida administrativa, como la expulsión, para lidiar con un problema de seguridad, que normalmente debe resolverse dentro del sistema penal, fue tomando fuerza y, al menos en Bogotá, se tomaron acciones concretas para implementarla.

Hubo varias reuniones en las que discutieron el problema y una posible solución. En ellas  participaron Henry Corredor —director regional Andina de Migración Colombia—, el secretario de seguridad distrital de Enrique Peñalosa, Jairo García (hoy viceministro de Defensa), y la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog), representada por la exdelegada de Derechos Humanos, la coronel Sandra Mora.

A mediados de agosto de 2019, Migración Colombia le pidió a la Mebog habilitar un espacio al interior del Centro de Traslado por Protección de Puente Aranda, una zona industrial de la capital. Necesitaban un lugar para tenerlos mientras «se dispone de su libertad inmediata para la aplicación de medidas migratorias, en especial su expulsión de territorio nacional». La Policía aceptó habilitar la celda pero Migración Colombia debía encargarse de la comida de los detenidos.

Entre los antecedentes que el documento que da origen a esta nueva estrategia expone, se explica que “es por los extranjeros que ha aumentado la criminalidad y que según Fiscalía, en 2018 y 2019 se identificó que a muchos de los capturados no les imponen medidas migratorias de expulsión: lo que hace que estos extranjeros sigan en Colombia y sean reincidentes en realización de conductas punibles o contrarias a la convivencia ciudadana».

Dice el documento, entre los procedimientos descritos, que a algunos se les entregará su notificación y documentos para que “abandonen el país” (este sería un procedimiento de deportación). Luego señala que: “en los casos de reincidencia, o de aquellos extranjeros de mayor riesgo, de mayor connotación mediática, se dispondrá su traslado por funcionarios de Migración Colombia, al Aeropuerto El Dorado [que sirve a la ciudad de Bogotá], con el fin de hacer efectiva la medida de expulsión impuesta”.

Expulsiones en ascenso

Existen distintas causales para ordenar la expulsión de un extranjero: tener o procurar documentos o visas falsas, o no haber cumplido con órdenes de deportación previas, por ejemplo.

La mayoría de los delitos comunes cometidos por los migrantes en Colombia no justifican una medida de expulsión, pues no se corresponde con las causales típicas (ver tabla). Pero hay “otras expulsiones” —así las llama el decreto 1067 de 2015— que son discrecionales y que están contempladas en el mismo decreto: “Los extranjeros que a juicio de la autoridad migratoria, realicen actividades que atenten contra la seguridad nacional, el orden público, la salud pública, la tranquilidad, la seguridad pública o cuando existan informaciones de inteligencia que indiquen que representa un riesgo para la seguridad nacional, el orden público, la seguridad pública, o tranquilidad social…..”. También se incluye en este artículo a quienes tengan una orden de captura de otro país o circular de Interpol.

Este tipo de expulsiones discrecionales no es nuevo, como bien lo explica la periodista Mary Luz Vallejo en un reciente informe para el sitio de Internet de Los Danieles. Se han utilizado en Colombia desde el siglo XIX y XX como una medida contra extranjeros que se consideran peligrosos o “perniciosos” por el tipo de actividad que realizan: agentes o espías, mercenarios, agitadores políticos (muchos de ellos de izquierda); después de los atentados del 11S en Estados Unidos, se han utilizado mucho contra terroristas o líderes de bandas criminales transnacionales, por ejemplo.

Pero la mayoría de extranjeros detenidos en Colombia no representaban un peligro para la seguridad nacional y este tipo de expulsiones no eran frecuentes. Hasta estos últimos años, sin embargo, cuando han pasado a ser no solo muy comunes, sino mayoritarias.

Migración Colombia decidió omitir las expulsiones discrecionales de su respuesta a un derecho de petición enviado a mediados de junio para conocer las cifras. Respondió que en el 2021 solo habían ocurrido 64, y que las causales eran las ordinarias (ver la tabla). En una respuesta posterior, (que la Policía Nacional le rebotó para que contestara) dio una cifra distinta: durante el primer semestre habían ocurrido 785 expulsiones. Y en un informe de gestión que es público, la cifra total de expulsiones es de 685.

Aunque la entidad no aclaró por qué había diferencias en sus respuestas e informes, estos datos, más completos y oficiales, están en la intervención que presentó la organización Dejusticia ante la Corte Constitucional, en el caso de la expulsión de los 59 venezolanos, que fue seleccionado por el magistrado Alejandro Linares para revisión, luego de que siete de ellos presentaron una tutela contra la medida.

Según Dejusticia, “las cifras de la Unidad Administrativa Migración Colombia muestran que las expulsiones de carácter discrecional se han convertido en la regla general y no la excepción, pues pasaron en 2015 de representar el 16% del total de las expulsiones al 94% en 2020. En otras palabras, en los últimos 5 años las expulsiones discrecionales aumentaron en un 728% pasando de ser 190 en 2015 a 1573 en 2020”.

Si bien todos los Estados tienen la potestad de expulsar de su territorio a personas que consideren peligrosas para la seguridad nacional, tienen que justificar su decisión.

El Relator Especial de la ONU para los migrantes, Felipe González Morales, ha expresado en sus informes preocupación porque los Estados invocan la seguridad nacional o el orden público —conceptos que pueden ser vagos y subjetivos— para «practicar expulsiones, en vez de procedimientos de extradición sujetos a control judicial».

Lo que estas cifras de expulsiones discrecionales sugieren es justamente que el Estado colombiano empezó a abusar de la facultad discrecional que tiene ante los extranjeros, en especial los venezolanos, para tratar de enfrentar un problema de inseguridad local y cotidiano, de percepciones complejas, y de mal manejo político y diplomático con el país vecino.

Y si bien esas cifras de expulsiones discrecionales han ido aumentando paulatinamente, también ha habido ciertos picos donde en un solo mes, noviembre de 2019, hubo 186. ¿Qué pasó en noviembre del 2019? El Paro Nacional.


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