Presidentes latinoamericanos Guillermo Lasso y Luis Abinader, además de expresidentes Andrés Pastrana, Cesar Gaviria, Pedro Pablo Kuczynski, Alfredo Cristiani, Juan Carlos Varela y Horacio Cartes entre clientes de oficinas legales especializadas en crear sociedades ofsshore

Expresidentes, magnates y personajes de la farándula y la literatura de América Latina utilizaron los servicios de firmas especializadas en la creación de sociedades extranjeras que están fuera del control fiscal de sus países, según una nueva filtración de más de 11 millones de documentos a la que tuvo acceso Univision Investiga.

Según un reporte de Gerardo Reyes, Peniley Ramírez y Claudia Ocaranza para Univision Investiga, liderada por el Consorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ), la pesquisa Pandora Papers revela los secretos financieros de 35 mandatarios en función o retirados, unos 330 funcionarios públicos en más de 90 países y territorios.

Algunos de los implicados en grandes escándalos de corrupción de la región como los sobornos de la multinacional brasilera Odebrecht y el saqueo de las arcas de Venezuela también aparecen amparados por estos laberintos de la confidencialidad.

Los documentos sacan a la luz negocios del ex primer ministro de Inglaterra Tony Blair, del rey de Jordania y de la diva colombiana Shakira. También se encuentran sociedades del ministro oficioso de propaganda del presidente ruso Vladimir Putin lo mismo que de 130 multimillonarios de Rusia, India y Estados Unidos.

“Creo que [esta filtración] principalmente demuestra que la gente que puede terminar con el secretismo de las offshore, se está beneficiando del mismo. Así que no hay incentivo para ponerle un fin’’, dijo Gerard Ryle, director de ICIJ.

Si bien no es un delito tener este tipo de empresas y según expertos muchas veces obedece a preocupaciones de seguridad personal de las familias latinoamericanas acaudaladas, es también un mecanismo que ha sido usado para evadir impuestos o para canalizar fondos de origen ilícito.

“El rastreo del dinero [de las sociedades en el exterior] por parte de los gobiernos se complica bastante’’, señaló el abogado fiscalista mexicano Luis Manuel Pérez Acha, “pero también, y esa es la parte negativa que tienen las estructuras offshore y que se ha abusado de ellas durante décadas, es para ocultar una gran evasión fiscal y de actos de corrupción’’, agregó.

La alianza de más de 600 periodistas, la más grande de las que se tenga registro, obtuvo documentos que reflejan entramados societarios ligados a los grandes multimillonarios de México como Germán Larrea, presidente de la empresa líder en minería Grupo México; María Asunción Aramburuzabala, dueña de una firma de inversiones y Olegario Vázquez Raña, líder de un conglomerado de salud, banca y medios de comunicación.

Al menos 3,047 clientes incluidos en los Pandora Papers son ciudadanos de México o tienen direcciones en este país. Los documentos filtrados contienen información sobre 1,913 entidades offshore vinculadas a esos clientes mexicanos. Esas entidades fueron creadas bajo tres figuras: 1,241 empresas, 72 fundaciones y 600 fideicomisos, según un análisis realizado por Quinto Elemento Lab de México.

Los presidentes de Ecuador Guillermo Lasso y de República Dominicana, Luis Abinader y los expresidentes Andrés Pastrana y Cesar Gaviria de Colombia, Pedro Pablo Kuczynski de Perú, Alfredo Cristiani de El Salvador, Juan Carlos Varela de Panamá y Horacio Cartes de Paraguay, aparecen como clientes de las oficinas legales especializadas en estructurar portafolios de sociedades en el exterior.

La mayoría de los ex jefes de Estado utilizaron los servicios de las firmas Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) de Panamá y Trident Trust Company de Islas Vírgenes Británicas de acuerdo con la investigación. Alcogal controla oficinas y filiales en una docena de países como Nueva Zelanda, Uruguay los Emiratos Árabes Unidos.

Los Pandora Papers muestran que, después del escándalo de los Panama Papers en 2016, Trident Trust, uno de los proveedores de servicios offshore más importantes del mundo, se convirtió en el agente de registro de cerca de 100 compañías que anteriormente eran administradas por el despacho Mossack Fonseca, que quedó diezmado por el escándalo.

Los reporteros tuvieron además acceso a documentos de otros 12 bufetes internacionales. Estas firmas incorporan sociedades de papel y otros escondites offshore para clientes que generalmente buscan mantener sus operaciones financieras en la sombra.

Los movimientos financieros de Corinna zu Sayn-Wittgenstein, la ex amante del rey emérito de España Juan Carlos de Borbón, también dejaron rastros en los bufetes de registro de firmas offshore. El patrimonio del monarca está bajo investigación en la Fiscalía del Tribunal Supremo de España por sospechas de corrupción.

Con la ayuda de Alcogal, Abdullah II bin Al-Husseim, rey de Jordania, creó un portafolio de más de 30 sociedades que en buena parte utilizó para adquirir propiedades en Estados Unidos, muestran los documentos.

Hay también empresarios y políticos latinoamericanos que acudieron a los paraísos del secretismo corporativo de los estados de Dakota del Sur y Delaware pocas veces investigados por las autoridades de Estados Unidos.

Pandora Papers logró además identificar la apertura de sociedades de clientes que burlaron los controles de debida diligencia de las firmas de registro corporativo. Uno de ellos fue el empresario colombo venezolano Alex Saab, acusado en 2018 en Estados Unidos de lavado de dinero producto de actividades corruptas en Venezuela. Pese a que Saab afrontaba investigaciones en Colombia desde el 2010 por exportaciones ficticias, logró la apertura de la sociedad Polmont Oil Trading S.A, a nombre de la cual abrió una cuenta en un banco del principado de Andorra.

Una vez las firmas proveedoras registran las sociedades, sus beneficiarios las usan para abrir cuentas bancarias con las cuales adquieren propiedades inmobiliarias, yates y aviones ejecutivos. Muchos de los clientes también acuden a las firmas legales para crear sociedades administradoras de herencias familiares.

A cambio de unos cientos o escasos miles de dólares, los proveedores offshore pueden ayudar sus clientes a incorporar sociedades cuyos dueños permanecen ocultos. O, a cambio de 2 mil hasta 25 mil dólares, pueden crear un trust que, en algunos casos, permite a sus beneficiarios administrar su dinero y a la vez crear la ficción legal de que no lo controlan, una forma creativa de usar un pedazo de papel que esconde los bienes de quiénes los podrían buscar tales como potenciales acreedores, agentes de aplicación de la ley, investigadores fiscales o exparejas.

Para Chuck Collins, autor del libro The Wealth Hoarders: How Billionaires Pay Millions to Hide, la razón por la que los millonarios necesiten esconder sus activos tras compañías offshore, obedece en parte a elusión fiscal y para evitar la rendición de cuentas.

“Creo que la secrecía nos pone en curso hacia una colisión con este tipo de problemas oligarcas. No hay razón para tener secrecía en las propiedades económicas. De hecho, el sistema funcionaría mejor si la gente supiera quiénes son los propietarios, sería una forma de capitalismo más sano”, dijo en una entrevista para esta serie a periodistas de El País de España y Proceso de México.

La firma Alcogal, con sede en Panamá, respondió en una carta de ocho páginas que sus procedimientos de registro de sociedades y evaluación de sus clientes cumplen con todos los requisitos de las jurisdicciones en las que opera.

“Entendemos que el cumplimiento es una de las columnas principales en el suministro de nuestro servicios internacionales corporativos y que se ha dedicado tiempo considerable y recursos en el desarrollo de la infraestructura para que nuestros procesos cumplan con los estándares establecidos por las leyes de las jurisdicciones donde operamos’’, dice la carta.

A lo largo de sus 30 años de existencia Alcogal ha tenido que activar planes de emergencia para eliminar clientes involucrados en los más sonados escándalos de corrupción en la historia reciente de América Latina tales como el pago de sobornos de Odebrecht, los fraudes del Fifagate y la presunta desviación de fondos del gobierno de Venezuela, según un seguimiento histórico de ICIJ.

En su carta Alcogal expresó preocupación por “imprecisiones e información desactualizada’’ que encontró en las preguntas formuladas por la alianza periodística. “En algunos casos la información que ustedes entregaron es simplemente incorrecta. Algunas de las personas a las que ustedes se refieren nunca han sido clientes de Alcogal’’, agregó.

Por su parte Trident, otra de las firmas dedicadas al registro de sociedades offshore, respondió que no discutía con los medios asuntos relacionados con sus clientes. Afirmó que es una firma “íntegramente comprometida con la aplicación de todas las regulaciones disponibles’’.

Germán Larrea Mota Velasco, la segunda persona más rica de México, es dueño del gigantesco conglomerado minero Grupo México que también controla empresas ferrocarrileras, de entretenimiento e infraestructura.

Se le conoce como el “millonario invisible’’ por su aversión a los medios y por su propensión a mantener bajo el mayor hermetismo los movimientos empresariales de su emporio.

Pero ahora se sabe, gracias a Pandora Papers, que Larrea estaba de compras inmobiliarias en Estados Unidos, mientras afrontaba señalamientos en México por los pagos que presuntamente quedó debiendo a víctimas de una tragedia ecológica provocada por una de sus minas.

Entre 2013 y 2016 el empresario abrió nueve compañías en las Islas Vírgenes Británicas a través de Trident Trust. Ocho de las nueve firmas fueron creadas con activos que suman 36.9 millones de dólares. Las sociedades fueron usadas para adquirir residencias en zonas exclusivas de Estados Unidos, de acuerdo con una investigación de reporteros de El País como parte de esta alianza periodística.

Larrea adquirió relevancia internacional en 2014 luego de que se produjo un derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora y Bacanuchi atribuido a una de las minas del Grupo México llamada Buenavista del Cobre en Sonora, México. Miles de habitantes de siete municipios fueron afectados por el derrame.

La Procuraduría Federal para la Protección del Ambiente (Profepa) ordenó a Grupo México conformar un fideicomiso de más de 135 millones de dólares para la reparación de los daños. La procuradora Blanca Alicia Mendoza reveló en agosto de 2020 que la empresa no parecía haber cumplido con la totalidad del pago a las víctimas.

“No hay pruebas de dónde están los 100 millones (4.8 millones de dólares) y hay discrepancia en la información’’, advirtió Mendoza.

En 2019 Grupo México fue protagonista de otro desastre, ahora el derrame de 3 mil litros de ácido sulfúrico en su filial Metalúrgica del Cobre en Guaymas, Sonora.

Larrea no respondió al cuestionario enviado por los periodistas.

Otro de los grandes magnates de México, Olegario Vázquez Raña, fundador del Grupo Empresarial Ángeles (GEA), que maneja una cadena de hospitales y un conglomerado de medios de comunicación, también buscó la protección del reino offshore. En el 2010 abrió en Islas Vírgenes Británicas las firmas Ricardo Technology Corp. y Girbode Enterprises Limited, con la intermediación del despacho Trident Trust.

En ambas firmas comparte el registro de accionistas con su esposa María De los Angeles Aldir de Vázquez, su hija Mónica Vazquez de Ahued y su hijo, Olegario Vázquez Aldir. Vazquez Raña tuvo 25,000 acciones de la empresa.

Su hijo asumió el cargo de director ejecutivo de GEA en el año 2000 y en 2018 fue parte del Consejo Asesor Empresarial del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entre agosto y septiembre de 2011 abrió otras seis compañías también en las Islas Vírgenes Británicas. Las compañías fueron creadas para adquirir aviones (Belamy Management Limited), yates (Roxberg Group Limited y Avintura Holdings Limited) y bienes raíces (Skyanna Holdings Limited) según los archivos encontrados por El País y la revista Proceso.

De acuerdo con los documentos, en 2016 GEA inició trámites para cerrar todas las empresas en el paraíso fiscal con el argumento de que las compras para las que fueron creadas no se realizaron; sin embargo, registros de la propiedad de Estados Unidos demuestran que al menos Northstar Corporation Limited sí fue utilizada.

A través de esa firma, donde aparecen Vázquez Aldir y su esposa como accionistas, se compraron dos propiedades en Vail, Colorado en 2014. La ubicación de las residencias fue dentro del condominio del Ritz-Carlton, una con un valor de 4.7 millones de dólares y una enorme casa avaluada en 5.3 millones de dólares. Entre febrero y noviembre de 2016, la empresa transfirió el título de propiedad de la casa a la pareja que al año siguiente la vendió por 8.5 millones de dólares un año después.

La familia Vázquez Raña y Vázquez Aldir respondió, a través de su abogado Héctor Álvarez Chávez, que las empresas “cumplen con todas sus obligaciones fiscales y legales tanto en México como en el extranjero”. Agregó que la compraventa de los bienes inmuebles se hizo a precios de mercado y cumpliendo las obligaciones legales y fiscales en Estados Unidos y México.

Juan Armando Hinojosa Cantú, empresario mexicano, fundador del Grupo Higa de ingeniería y construcción, fue uno de los protagonistas del peor escándalo del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. La Unidad Investigativa de Carmen Aristegui denunció en noviembre de 2014 que la entonces primera dama mexicana Angélica Rivera había adquirido una mansión de siete millones al Grupo Higa, una empresa favorecida por Peña Nieto cuando era gobernador del Estado de México.

Hinojosa no es desconocido en el mundo offshore. Univision Investiga reveló durante la serie de los Panamá Paper s en 2016 que el empresario contactó al despacho Mossack Fonseca para que le ayudara a validar una “donación’’ a su madre y su suegra por 100 millones de dólares, que estaban en cuentas de seis compañías abiertas en paraísos fiscales.

Ahora, en Pandora Papers, aparecen cuatro firmas ya conocidas vinculadas al empresario, más una nueva cuyas finanzas no parecen reflejar la opulencia del pasado. Se trata de Paradice Services Limited, creada en las Islas Vírgenes Británicas el 19 de abril de 2010 por el despacho Trident Trust.

Una de las firmas accionista de Paradice es Bienes Raíces H&G, propiedad de Hinojosa Cantú.

Según la correspondencia con el agente residente la empresa presenta un historial de incumplimientos. En 2014 en una serie de correos entre empleados de Trident Trust, se comenta que la firma Paradice Services “no está en buen estado” y que es necesario que se paguen cuotas para restaurar su estado a “good standing”.

En julio de 2016 Trident Trust avisa a un agente de Morgan Stanley, representante de la empresa, que no se han pagado cuotas por licencias anuales de ese año lo que podría acarrearle una penalidad del 10 por ciento.

“Si el pago no se hace antes del 31 de octubre la compañía será eliminada del Registro de Compañías”, se lee en la carta. En respuesta la agente de Morgan Stanley comunica a Trident Trust que Hinojosa Cantú ya no es su cliente.

Hinojosa Cantú no respondió un cuestionario enviado por la alianza periodística.

El gobierno de Estados Unidos ha sido especialmente drástico en su discurso a favor de una mayor transparencia en los paraísos fiscales y ha propugnado por la necesidad de identificar a los beneficiarios finales de las sociedades offshore. Pero poco ha dicho de los estados de Delaware y Dakota del Sur, en los que prácticamente se repite el modelo de otros oasis del secretismo.

La legislación de estos estados protege la identidad de los socios de una compañía a través de varios velos entre los cuales se encuentra la creación de fideicomisos o contratos mediante los cuales una persona transfiere dinero, bienes o derechos a otra.

Con la filtración de Pandora Papers ha sido posible conocer algunos de los personajes que se mueven detrás de los fideicomisos.

María Asunción Aramburuzabala, la mujer más rica de México, acudió a esta opción para varios negocios, según El País. A través de diferentes fideicomisos compró en 2006 una casa de unos 6.8 millones en The Colony de Park City, un destino exclusivo de esquiadores en Utah; un terreno en la misma zona en 2009 por un millón de dólares y un apartamento en Nueva York en 2019. Con la fiduciaria Sky Chariott, ha comprado y vendido aviones ejecutivos, uno de ellos a un costo de por lo menos 45 millones de dólares.

La alambicada estructura de sus portafolio offshore incluye una firma en Escocia (Deer Valley Crest Ltd) que a su vez controla otra de responsabilidad limitada en Delaware bajo la cual funcionan las subsidiarias DC 16 Inc y Whitepine 16 Inc.

La fortuna de Aramburuzabala, fundadora de la firma de inversión Tresalia Capital, no solo es producto de la venta en 2013 de la empresa de su familia Grupo Modelo SAB a Anheuser-Busch InBev, por unos 20,000 millones de dólares. La empresaria ha creado un conglomerado muy activo tanto en el sector privado como en el público.

La empresa SixSigma, a través de su marca KIO Networks, de tecnología informática, ganó contratos millonarios con la administración de Enrique Peña Nieto. Uno de esos contratos fue investigado por sobreprecios por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a petición de los competidores. Después de tres años, el fallo fue a favor de SixSigma.

KIO Networks fue vendida a Squared Capital en 2021.

Los autores de esta investigación enviaron un cuestionario a Aramburuzabala con preguntas sobre las aeronaves, las residencias millonarias, la decisión de crear múltiples empresas offshore y si fueron declaradas ante las autoridades tributarias competentes. La empresaria no ha respondido.

A los fieles del sistema de Dakota del Sur se unió también Federico Kong Vielman, miembro de una de las dinastías más ricas de Guatemala, vinculada a una compañía que produce cera para pisos y labiales.

En 2016, Kong Vielman movió 13.5 millones de dólares en un trust de Sioux Fallas, Dakota del Sur. Parte del dinero provenía de la empresa familiar.

Durante décadas, la prensa guatemalteca ha reportado los vínculos de la familia con el mundo político. En los 70, reportes informes de prensa identificaron a la familia como una aliada importante del general Carlos Manuel Arana Osorio, el entonces gobernador de Guatemala conocido como el ‘Chacal de Zacapa’.

En 2016, el lujoso hotel de la familia en la capital regaló un paquete de 100 noches al entonces presidente Jimmy Morales. La prensa guatemalteca sospechó que este regalo correspondía al pago de “favores políticos”.

El conglomerado familiar ha sido cuestionado por abusos laborales a los empleados de sus plantaciones de palma. Kong no respondió una petición de entrevista de la alianza periodística.

La revelación de Pandora Papers abrió ventanas para conocer los movimientos financieros de personajes cercanos al poder en los últimos dos sexenios presidenciales de México.

Es el caso de Ricardo Pierdant, un empresario nacido en Venezuela, ciudadano mexicano y amigo cercano del expresidente Enrique Peña Nieto. Pandora Papers muestra que ha sido beneficiario de tres empresas offshore abiertas en las Islas Vírgenes Británicas. Se trata de Thassos Holdings Limited, registrada en 2009 y con un objetivo desconocido; Hesperos Marketing y Hamza Development, ambas abiertas en 2012 para servir como “vehículo de inversión”.

Pierdant fue vecino en un condominio de lujo de Miami en 2016. Ese año, Univision Investiga y el periodista Marcos Martínez dieron a conocer que Pierdant pagaba los impuestos de un apartamento ubicado en Key Biscayne, un cayo a pocas millas de Miami. El apartamento era usado por Angélica Rivera, todavía esposa de Peña Nieto.

El empresario también apareció en la filtración de documentos de ICIJ, BahamasLeaks, con las sociedades Grantley Ventures Ltd. y Crimson Worldwide Ltd. Consultado por este consorcio de periodistas, Pierdant dijo que las empresas citadas “se constituyeron con apego a derecho, pero no tuvieron ni el más mínimo uso”, y que las firmas no tienen ninguna relación con Enrique Peña Nieto.

Julia Abdala Lemus es una empresaria mexicana, pareja desde hace 20 años de Manuel Bartlett, actual titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y dueña de la empresa Roybell International Inc registrada en Panamá por Alcogal desde 2012. El objetivo de la firma es desconocido.

Bartlett omitió mencionar en su declaración patrimonial de 2019 su relación con cinco empresas y 25 propiedades de Abdala. El funcionario explicó que no estaba obligado a hacerlo porque no tenía una relación matrimonial con Abdala.

Después de que algunos medios mexicanos publicaron las propiedades no declaradas, la Secretaría de la Función Pública abrió una investigación a Bartlett. La investigación determinó que no hubo corrupción.

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador había salido en su defensa argumentando que no se le podía acusar sin pruebas. Una de las empresas de Abdala, Digilogics, S.A. de C.V., fue condonada de pagar impuestos entre 2015 y 2019 según las listas publicadas por la organización Fundar, Centro de Análisis e Investigacion.

Abdala no respondió a un cuestionario enviado por los periodistas.

Julio Scherer Ibarra es un abogado mexicano que desde el 26 de diciembre de 2018 hasta septiembre de 2021, fue consejero jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador. Antes de ser funcionario, fue representante legal de la empresa de alimentos La Cosmopolitana, propiedad de la familia Landsmanas. Esta familia tiene múltiples firmas offshore a través de Grupo Corporativo Kosmos, un conglomerado de productos alimenticios que ha logrado cientos de contratos públicos en México por más de mil millones de dólares entre 2002 y 2019, según el portal periodístico de Quinto Elemento Lab.

Entre las firmas offshore de los Landsamanas está 3202 Turn Limited, una compañía registrada en 2011 en las Islas Vírgenes Británicas. En julio de ese año, los Landsmanas transfirieron a Scherer 50 mil acciones de esa empresa, según la información encontrada en Pandora Papers.

En un documento fechado en 2017, se lee que Julio Scherer Ibarra es beneficiario de la firma y como fuente del dinero se indica “trabajo-práctica legal”. La empresa tiene activos de dos millones de dólares, según los papeles de Trindent Trust.

En sus cuatro declaraciones patrimoniales como servidor público, Scherer Ibarra reportó autos de lujo, tarjetas de crédito, costosas joyas y obras de arte y dos departamentos en México, uno de 616 metros cuadrados y otro de 583 metros cuadrados, pero en la declaración no figura la empresa offshore.

Un seguimiento de esta sociedad permite establecer un cruce de intereses entre Scherer Ibarra y los Landsmanas en un apartamento de la Florida.

Según los documentos de la filtración, la firma 3202 Turn Limited tiene el 100% de una sociedad de responsabilidad limitada (LLC) en Florida.

En los documentos consultados no se menciona la firma, pero una corporación con un nombre similar fue registrada en 2008 en Miami, Florida. Se llama 3202 Turn LLC y su primer gerente fue Elias Landsmanas, director de Corporativo Kosmos. En 2008 la sociedad de Miami compró un apartamento en un condominio de Miami Beach por 1.2 millones de dólares. Univisión Investiga estableció que aunque Scherer no figura como propietario del apartamento en Miami Beach, aparece pagando los impuestos de la propiedad desde al menos 2013 hasta 2016, según una base de datos públicas del condado de Miami-Dade.

Shcerer respondió que las transacciones por las cuales fue consultado por la alianza periodística aluden a un periodo en su trayectoria en el cual “no era funcionario público sino profesionista independiente’’.

“En ese sentido, me es indispensable aclarar que siempre me he conducido conforme a derecho, a mis principios personales y así lo seguiré haciendo’’.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), no tiene capacidad de conocer a los beneficiarios finales de firmas offshore ni fiscalizar los beneficiarios de sus activos a menos que sus propietarios lo declaren de manera voluntaria.

“Si partimos de la cuestión fiscal siempre será auto aplicativa […] para esto el SAT en su momento abrió una sección que se llama Refipre, que son residentes en jurisdicciones de baja imposición fiscal”, explicó Rojas Dosal.

Según Emilia Díaz Struck directora para América Latina de ICIJ, de los 330 políticos que aparecen en la base de datos de la filtración más de 90 son de esta región. De los 35 presidentes y expresidentes que figuran en la data, agregó, cerca de 14 son de América Latina.

En una entrevista con Univision Investiga en mayo de 2014, el presidente de la empresa importadora de cigarrillos en Estados Unidos propiedad del entonces presidente de Paraguay Horacio Cartes, admitió que la DEA había investigado a la empresa y su casa matriz en Paraguay por lavado de dinero.

William Cloherty, entonces presidente de Tabacos USA, la firma de Cartes, explicó que durante 30 días agentes de la DEA y de la Agencia de Control de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) estuvieron en las oficinas de la importadora inspeccionando “hasta la última hoja’’ .

Según él, los agentes “no encontraron ni un problema’’.

Las agencias se negaron a ofrecer su versión sobre la auditoría, pero años antes se había conocido un cable de Wikileaks que reveló los detalles de una reunión en Panamá en diciembre de 2009 de una veintena de agentes federales de Estados Unidos que investigaban el lavado de dinero a través de la venta de cigarrillos en lo que se conoce como La Triple Frontera. Durante la reunión, Cartes fue identificado como un “objetivo prioritario’’ de la investigación, según el documento.

Cloherty hizo otra confesión: reconoció que cuando en 2004 llenó el formulario del Departamento del Tesoro para obtener el permiso de importación de los cigarrillos, omitió involuntariamente que Cartes había sido arrestado en su país por un fraude millonario.

El formulario exige a las empresas que importan cigarrillos a Estados Unidos declarar si sus dueños o inversionista han sido acusados de un delito o privados de la libertad en cualquier parte del mundo.

Cartes había sido arrestado en Paraguay a mediados de los años ochenta por un fraude de 34 millones de dólares bajo acusaciones de haber creado
con otros socios empresas fantasmas y presentar documentos de importaciones ficticias de maquinaria agrícola a fin de obtener dólares del gobierno a una tasa de cambio preferencial.

Estos y otros turbios antecedentes de Cartes, no le han impedido utilizar los laberintos de las offshore. Una investigación de ABC Color de Paraguay, miembro de la alianza de periodistas que tuvieron acceso a la filtración de Pandora Papers, encontró que Cartes y sus tres hijos figuran como beneficiarios de Dominicana Acquisition S.A, una corporación constituida en Panamá en 2011 a través de OMC Group. La firma apareció en 2017 como propietaria de varios activos, entre ellos un apartamento en Miami.

En una respuesta firmada por el bufete de abogados Palacios, Prono & Talavera, el expresidente Cartes explicó que en efecto la empresa Dominicana Acquisition S.A fue creada “como vehículo para la compra de un departamento para su familia en la ciudad de Miami, Florida’’. La adquisición de bienes raíces en la Florida o en otras jurisdicciones a través de estas estructuras societarias “era en el 2011 y lo sigue siendo hoy, una modalidad absolutamente legal y muy utilizada porque agiliza los proceso de compra y ventad de los activos subyacentes’’, agrega la carta

El actual presidente del Ecuador, Guillermo Lasso Mendoza, es un activo usuario del mundo offshore. El nombre del político conservador de 65 años, dueño del Banco de Guayaquil, salió a relucir en la filtración de Panama Papers en 2016, en los Paradise Papers en 2017 y ahora aparece de nuevo vinculado a varias sociedades registradas en el exterior.

Entre ellas la Fundación Bienes Raíces, Bretten Holdings, Bernini Foundation, Tintoretto International Foundation y Pietro Overseas S.A, la mayoría manejadas por Alcogal, según la investigación del diario El Universo de Ecuador.

En una respuesta a un cuestionario de El Universo, Lasso aseguró que las firmas arriba citadas han dejado de existir legalmente en cumplimiento de una ley del Ecuador que prohíbe a los candidatos y servidores públicos mantener compañías offshore.

“Quiero enfatizar en el hecho de que, en mi caso, el uso en el pasado de cualquier entidad internacional fue perfectamente legal y legítimo’’, escribió Lasso.

El expresidente Andrés Pastrana registró en Alcogal la empresa familiar Vanguard Investment Inc, en donde solo aparecía como única accionista la sociedad colombiana Salatina Puyana y Cia. S. en Co. Según las averiguaciones de la alianza El Espectador-Connectas los documentos no reflejaban la identidad de los beneficiarios de Vanguard Investments, utilizada para depositar 600,000 dólares en una entidad financiera de Estados Unidos.

Pastrana respondió a los periodistas que “nunca ha habido ocultamiento de información’’. Explicó que el objetivo de la sociedad “era hacer inversiones colombianas en el exterior… es decir se buscaba convertir pesos en dólares para internacionalizar un patrimonio’’. Salatina Puyana y Cia. la firma colombiana que posee el 100% de Vanguard Investments Inc, declaró la inversión ante las autoridades fiscales colombianas, agregó el expresidente.

“Nunca se ha ocultado la identidad de los directores, dignatarios y beneficiarios’’, añadió.

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