Por Isabel Guerrero
armando.info
Todavía en 2016, con el colapso económico y social de Venezuela en pleno desarrollo, Torino Capital, una empresa de banca de inversión en Nueva York pero fundada y gestionada por venezolanos, seguía apostándole fuerte al negocio de los papeles de deuda emitidos por Caracas, sobre todo con el respaldo de PDVSA. Entonces puso su empeño en reclutar para esa operación a un inversionista cuando menos discutible, Samark López, a pesar de que este ya sonaba como uno de los contratistas preferidos del chavismo y solo cuatro meses más tarde sería sancionado por Washington como presunto testaferro del vicepresidente Tareck El Aissami.
Antes del 13 de febrero de 2017, Samark José López Bello tenía fortuna, propiedades en varias partes del mundo e importantes negocios que logró ejecutar con el gobierno de Venezuela a través de sus conexiones políticas. Pero, ese lunes, las banderas rojas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos le apuntaron directamente. Todo cambió. Su nombre y rostro aparecieron en medios de todo el mundo, junto al rótulo de presunto testaferro del vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, ambos con vinculaciones al narcotráfico alegadas por Washington
Las consecuencias de la medida punitiva se hicieron sentir de inmediato. Esta impuso el congelamiento de sus activos bancarios y la confiscación de bienes por hasta 160 millones de dólares solo en Estados Unidos, según calculaban sus abogados en una demanda radicada en julio reciente contra el Departamento de Estado ante un tribunal federal de la ciudad de Nueva York. La sanción de Washington convirtió a López, “un hombre de negocios internacional”, según afirma el documento de sus representantes, en una suerte de apestado para la banca y circuitos comerciales internacionales, “cuya reputación ha sido difamada y cuyo sustento ha sido seriamente amenazado por las acciones ilegales y las denuncias difamatorias de los demandados “. Los perjuicios, amén de contantes y sonantes, habrían sido reputacionales, siempre según la demanda: muchas posibles contrapartes no quieren hacer negocios con López o se arrepienten de haberlos hecho.
Algo de ello se refleja en uno del par de Reportes de Actividad Sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés) rendidos por bancos privados de Estados Unidos ante la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), también adscrita al Departamento del Tesoro, y que este ente difundió en su publicación semanal, Kleptocracy Weekly, del 10 al 16 de marzo de 2017, menos de un mes después de la sanción contra Samark López.
El boletín está incluido en la filtración de los llamados FinCEN Files, obtenida originalmente por Buzzfeed News, que dejó al descubierto más de 2.100 reportes de actividades sospechosas, algunos de ellos relacionadas con el blanqueo de capitales, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. El proyecto periodístico incluyó a 400 reporteros de 110 medios en 88 países de todo el planeta -entre ellos, Armando.info-, bajo la coordinación del Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, por sus siglas en inglés), con sede en Washington DC.
En el SAR antes mencionado, y según cita del Kleptocracy Weekly, COR Clearing (adquirida en 2019 por Axos Financial Inc), una entidad financiera especializada en compensación bancaria y custodia de valores, se apresuraba a avisar desde Nebraska a FinCEN que en octubre de 2016, apenas meses antes de la sanción contra el empresario venezolano, le había tocado procesar una wire transfer por un millón de dólares para una cuenta de inversión de Samark López.
Con ese reporte COR Clearing buscaba curarse en salud frente al órgano regulador, poniendo sobre la mesa lo que sabía sobre el recién sancionado. Pero una revelación igualmente significativa yacía en el reporte: la cuenta de López era servida por una casa de banca de inversión con sede en Nueva York, pero propiedad de venezolanos, dirigida mayormente por venezolanos, y muy activa en el mercado de papeles de deuda venezolanos: Torino Capital.
Negocios riesgosos
El 9 de junio de 2016 tuvo lugar, con todos los bombos y platillos de promoción, un extraño evento en Nueva York: el gobernador del estado Lara, una provincia agroindustrial del centro occidente de Venezuela, ofrecía una conferencia en la sede de un prestigioso think tank, el Consejo de las Américas (AS-COA, sus siglas oficiales, por Americas Society-Council of the Americas en inglés). El para entonces gobernador de la entidad, Henri Falcón, disidente del chavismo, empezaba a despuntar como una tercera opción de alcance nacional, hasta cuajar en 2018 en su candidatura presidencial para las controvertidas elecciones que Nicolás Maduro convocó en mayo de ese año, y que la oposición mayoritaria boicoteó.
Pero eso era futuro todavía en junio de 2016. En ese momento, la presencia de Falcón ante los ejecutivos de una de las capitales financieras del mundo lucía desproporcionada o, en todo caso, prematura. La invitación para los asistentes al evento, mientras explicaba que Falcón compartiría “sus visiones sobre el estancamiento político y la situación económica” de Venezuela, a la vez se veía obligada a contar que se trataba de “un líder altamente reconocido” y “gobernador de una de las provincias más pobladas y económicamente activas” del país. Si algunos de los asistentes, entre ellos, el comentarista y experto petrolero, Gustavo Coronel, calificaron las palabras de Falcón como “vagas, generales, de llamado a la concordia nacional, al diálogo fraternal”, eso no importaría; más que el contenido, lo verdaderamente resaltante era la propia ocasión, una virtual presentación en sociedad de Falcón como opción política factible.
Además de Falcón, entre los otros dos ponentes estaba Francisco Rodríguez, por mucho tiempo economista asesor del parlamento venezolano y quien, entonces, venía de ser economista jefe para la región andina del Bank of America-Merryl Lynch Bank para asumir, apenas unos días después, el 6 de julio de 2016, la función de jefe de investigaciones de Torino Capital. En 2018, Rodríguez pasaría a ser el asesor económico del programa de gobierno del candidato a presidente, Henri Falcón, y hubiese podido terminar como ministro de Finanzas de Falcón haber ganado la presidencia.
De hecho, Torino Capital era el patrocinante de la actividad. El venezolano Víctor Sierra, el dueño de Torino, hizo las veces de moderador. De acuerdo a la reseña de Gustavo Coronel, Sierra abundó en elogios para Falcón “por sus contribuciones a la patria”.
Que Torino Capital se mojara de manera tan abierta en las aguas de un cierto activismo político, si bien pudo despertar algunas aprensiones éticas, extrañó a pocos. Para la fecha, Torino era uno de los grandes jugadores en el mercado de deuda venezolana, al punto de concentrar allí la mayoría de sus intereses. Según le fuera a los papeles venezolanos, estos servirían como un yunque o una cometa a los negocios de Torino.
Torino Capital tenía tiempo trabajando en el mercado venezolano con fondos extranjeros y criollos que estaban interesados en los bonos de PDVSA. Caracas era entonces, en 2016, el motor económico de la firma, aunque otras empresas y calificadoras de riesgo empezaban a desconfiar del país. El disenso también era interno: uno de los cofundadores del banco de inversión, Jorge Piedrahita, dejó la empresa por desacuerdos con sus socios en cuanto a la atención prioritaria que daban al mercado venezolano, con todos los riesgos existentes. “Todos los demás en Torino querían enfocarse solo en Venezuela”, dijo a Bloomberg Quint. Una fuente comentó que el banco de inversión “tuvo lo mejor y lo peor del gobierno. Por un lado, los primeros bonos de PDVSA para comercializarlos, pero también sumaron como clientes los fondos de pensiones de las Fuerzas Armadas para rendirlos por la devaluación”.
Razones para desconfiar del desempeño próximo de la economía venezolana sobraban. Cabe recordar que durante ese 2016 el antagonismo del gobierno de Maduro con Washington ya se había empinado. En marzo de 2015, el presidente Barack Obama firmó la Orden Ejecutiva 13.692, por la que designaba a Venezuela como una “amenaza extraordinaria para la seguridad nacional y para la política exterior de Estados Unidos”. El decreto, aprobado por la Casa Blanca en respuesta a la cruenta represión del régimen de Caracas contra las protestas populares de 2014, sería apenas la antesala de una dinámica de sanciones y represalias que luego, con la venidera administración de Donald Trump, se agudizó todavía más.
También se hallaba Venezuela sumida ya en la espiral de la escasez de bienes y de una hiperinflación que a la postre batió récords mundiales de esa tasa. La producción petrolera, principal fuente de divisas, caía en picada por ineficiencias internas y falta de inversión de Pdvsa, la compañía estatal, cuyas capacidades de exportación se verían al mismo tiempo mermadas por las sucesivas sanciones estadounidenses. La oposición venezolana, además, promovía con fuerza la activación de un referendo revocatorio para sacar del poder a Maduro, quien se valdría de todo tipo de artimañas para bloquearla con la anuencia del Consejo Nacional Electoral, controlado con rienda corta por el chavismo.
A pesar de esa tormenta perfecta, Torino Capital apostaba entonces contra Wall Street y contra la lógica aparente. La economía venezolana se encogía vertiginosamente pero la firma mostraba en sus reportes, citados con profusión por la prensa, un optimismo sistemático en torno al país y su capacidad de pagos.
Esos pronósticos solían tener por sustento los diagnósticos del equipo de Francisco Rodríguez, un académico de prestigio bien ganado.
Rodríguez, hijo del legendario exministro de Planificación del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez (1974-79) y líder del ala izquierda de la socialdemocracia venezolana, Gumersindo Rodríguez, forma parte de instituciones educativas de renombre en las que enseñó economía y estudios latinoamericanos, como la Universidad de Maryland, el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) de Caracas y la Universidad de Wesleyan. También fue Economista Asesor de la primera Asamblea Nacional constituida durante el chavismo. Tras salir de la atribulada Torino, en septiembre de 2019, Rodríguez conduce hoy una fundación de nombre Oil for Venezuela, cuya misión es la de persuadir a actores políticos y de opinión pública sobre la necesidad de instaurar un programa de intercambio de petróleo por alimentos y mercancías que ayude a Venezuela a superar su actual crisis humanitaria.
Desde Nueva York, Rodríguez se mostraba como un vocero muy activo en lo que respecta a la economía venezolana y sus desafíos, cambiantes todo el tiempo. Fue en medio de esas turbulencias, en octubre de 2016, cuatro meses después del evento de Henri Falcón en Nueva York, y cuatro meses antes de la sanción del Departamento del Tesoro contra Samark López, cuando COR Clearing -que prestaba servicios a corredores minoristas de la bolsa y asesores de inversión registrados en Estados Unidos, incluida la firma Torino Capital- recibió y procesó la transferencia de un millón de dólares a la cuenta de López con Torino Capital.
Bonos de PDVSA
De acuerdo con un reporte de actividad sospechosa recibido por FinCEN, y citado por el Kleptocracy Weekly, el 17 de octubre de 2016 “[Samark] López Bello recibió una transferencia bancaria de un millón de dólares en su cuenta de operaciones atendida por el corredor Torino Capital”.
Seguía la reseña del semanario de FinCEN diciendo que “Según COR, López Bello puede haber utilizado su cuenta comercial para recibir e iniciar transacciones en el fomento de un esquema involucrando corrupción oficial y actividad internacional de narcotráfico asociada con funcionarios del gobierno venezolano”.
Sin más precisiones acerca del origen de los fondos y qué le hacía sospechar que la transacción podía estar conectada con actividades corruptas, la entidad financiera de Nebraska había informado a FinCEN que desde esa cuenta de Samark López “se compraron bonos de PDVSA”.
Ciertamente, el reporte de COR Clearing coincide en el tiempo con la evolución del mercado de papeles de PDVSA, así como con la inclinación de Torino Capital a participar en él.
En 2016, el gobierno de Nicolás Maduro acababa de ceder a las presiones para buscar una reestructuración de la deuda, sobre todo, renegociando papeles de PDVSA que vencían pronto, en 2017. Francisco Rodríguez, desde Torino Capital, se animaba a asegurar entonces que “se encontraban avanzadas las conversaciones” para la operación de sustitución de bonos por papeles con vencimiento en 2020, cuyo valor se calculó en 7.000 millones de dólares.
En el último trimestre de 2016, PDVSA consiguió reducir su deuda financiera mientras atendía las obligaciones adquiridas, contra el pronóstico de las calificadoras y analistas de banca de inversión, que señalaron el canje de bonos propuesto como de alto riesgo. El hecho de haber cancelado sus compromisos próximos a vencer ofreció una dosis coyuntural de oxígeno a la estropeada imagen financiera del gobierno de Nicolás Maduro y a las arcas públicas venezolanas.
En un detallado cronograma que se publicó en la página de la estatal petrolera sobre el proceso de canje, el 17 de octubre de 2016 -fecha de la transacción a la cuenta comercial de Samark López- aparecía destacado.
Aunque el reporte de COR Clearing citado por el Kleptocracy Weekly no especifica los detalles de la compra de papeles de la petrolera que López habría hecho, existen elementos que permiten afirmar que sus fondos fueron utilizados para comprar la nueva emisión, en la que Torino Capital sirvió de broker o intermediario comisionista. Casi en simultáneo, el 16 de octubre de 2016, PDVSA había pagado unos 1.600 millones de dólares en capital e intereses, y un día después concluyó el canje de los bonos Pdvsa 2017 por títulos al 2020.
Ya para la fecha, aún antes de las sanciones de Washington, Samark López sonaba regularmente como uno de los contratistas favorecidos por el gobierno venezolano. Cualquier tarea de due dilligence, por superficial que fuera, se toparía con datos y referencias en ese sentido. López pasó por el sector de la construcción, de los alimentos, de los hidrocarburos y hasta de la venta de árboles de navidad, y forjó una red de empresas que extendió sus tentáculos mediante contratos con PDVSA, el Ministerio del Interior y Justicia, y la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex). Sus relaciones con Tareck El Aissami tuvieron su génesis en Mérida, estado andino en el suroccidente del país.
¿Cómo se propuso entonces Torino Capital incorporarlo a su cartera de clientes? Esa y otras interrogantes se enviaron a Torino Capital, que se limitó a responder, en un escueto comunicado en inglés, que la empresa es “periódicamente auditada por los reguladores de Estados Unidos” y que no está habilitada “por las regulaciones de confidencialidad para discutir cualquier cliente que podamos o no tener”.
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