Nuevos operadores privados mantienen casi improductivas distintas plantas azucareras en Venezuela

Por Carlos Crespo | Marcos David Valverde
armando.info

Tras el fracaso de las estatizaciones de los ingenios agroindustriales, desde 2019 el chavismo ideó una fórmula que mezcla gerencia privada y pública en las diez plantas que siguen bajo su control. Pero los nuevos operadores privados -empresarios cercanos al chavismo, con historia de gerencias fallidas- resultan tan indolentes e ineficaces como sus pares públicos y apenas cosechan una amarga mezcla de promesas, irregularidades y desempleo. Los ingenios siguen paralizados y algunos solo funcionan como refinadores y empaquetadores de azúcar importada.

El Central Santa Clara en Yaracuy tiene más de diez años sin recolectar una zafra de caña de azúcar, casi el mismo tiempo que transcurrió desde su estatización el 8 de junio de 2010. Hoy las costosas máquinas de la planta están muy deterioradas. Algunas hasta han sido desvalijadas por el hampa común o por trabajadores del central, como un recurso último para la subsistencia tras la larga parálisis de la industria.

Esta planta es un ejemplo que condensa la debacle de un sector que casi lograba abastecer la demanda interna y que, más de dos décadas después, tras una ola estatizadora, apenas cubre 30% del consumo nacional de azúcar.

De acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), para 1999 la producción nacional de azúcar alcanzaba 8,5 millones de toneladas métricas, con un área cosechada de 127.183 hectáreas y, según el Ministerio de Agricultura, 8.000 productores activos. Hoy la situación es otra. De acuerdo con cifras de la Federación de Asociaciones de Cañicultores de Venezuela (Fesoca), en la zafra que acaba de culminar en el mes de mayo la producción roza escasamente 2,4 millones toneladas, el área para la cosecha se redujo a apenas 45.000 hectáreas y sobreviven unos 3.500 productores nacionales.

Entre el 27 de octubre de 2005 y el 28 de marzo de 2012 fueron estatizados nueve centrales azucareros, todos bajo el gobierno del comandante Hugo Chávez. Una década más tarde, el saldo es elocuente: los nueve centrales expropiados, más el emblemático Complejo Agroindustrial Azucarero Ezequiel Zamora (CAAEZ), fundado por Chávez en su natal estado Barinas, están prácticamente paralizados. ¿Las consecuencias? Pérdida de cosechas de caña, desabastecimientos intermitentes, inundación del mercado nacional con azúcar importada de Brasil, y el sacrificio de cientos de empleos.

Las cifras, tan magras, no admiten refutación. No hay producción de azúcar. De allí que el sector parece haber sido escenario de la prueba piloto del gobierno de Nicolás Maduro para su ya masiva reversión de activos estatales al sector privado, pero no cualquier privado, sino los compinches del régimen. Si el experimento se ha llevado adelante en aras de una mayor eficacia en el desempeño, va un spoiler: no ha funcionado.

En Venezuela hay 16 centrales azucareros y, tras la ola de intervenciones, diez de ellos quedaron en manos del Estado. Pero desde 2019. sin hacer mucho ruido, el gobierno ha entregado la administración de cinco a empresas privadas. Los beneficiarios de esas reprivatizaciones sin concurso, amparadas con frecuencia en figuras novedosas como las alianzas estratégicas, suelen tener en común que no vienen del sector y su único mérito aparente es el de la cercanía al entorno del chavismo. No debe sorprender que en ningún caso se haya conseguido reactivar los centrales. 

Ni tan Generoso

Un ejemplo emblemático es el del Central Santa Elena, en el estado Portuguesa, en los Llanos centrooccidentales de Venezuela. Expropiado el 8 de junio de 2010, ya completa tres zafras paralizado. Para ponerlo a funcionar, la gobernación local, a la que le fue transferida la planta en 2019, firmó una “alianza estratégica” en octubre de ese año con la Corporación Mazzoca, dirigida por el empresario Generoso Mazzocca. Luego se indicó que la empresa que asumió las riendas del central lleva por nombre Agrologística Los Llanos 07, C.A., bajo el dominio del mismo grupo.

Mazzoca es un abogado de 54 años que tiene cuatro empresas en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) en los sectores de alimentación, prestación de servicios de salud y de servicios sanitarios. En una de ellas, Alimentos Gema C.A., fundada en marzo de 2010 y dedicada a la importación de alimentos, uno de los socios fundadores que aparece en los registros es el capitán Carlos Luis Aguilera Borjas, quien fue parte de la junta directiva hasta el 20 de mayo de 2011, cuando vendió sus acciones a la abogada Nayadet Mogollón.

Aguilera Borjas fue escolta de Hugo Chávez y exjefe de la extinta Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip, ahora Sebin, nombre de la policía política del régimen). Apareció en la lista de sospechosos por presunto lavado de dinero durante las investigaciones del Servicio Anti Blanqueo de Capitales (Sepblac) sobre el Banco de Madrid, subsidiario de la Banca Privada de Andorra (BPA), como lo reseñó Armando.info en un trabajo conjunto con El PitazoRunrun.es y El Confidencial de España.

Aguilera, a quien Chávez llamaba El invisible, manejó entre 2008 y 2015 tres cuentas en BPA que movieron 6,5 millones de dólares, según reportó el diario El País de Madrid, y fue investigado por presuntos sobornos millonarios de empresas europeas para obtener contratos en Venezuela. También estuvo vinculado, como lobista, con el sector de la construcción y la importación de insumos médicos y alimentos. Su patrimonio personal fue cifrado en 100 millones de dólares en un memo interno de la Compagnie Bancaire Helvétique, CBH, de Suiza, de fecha 5 de junio de 2013, como señala la ya mencionada nota de Armando.info.

Estos no son los únicos vínculos de Mazzoca con el chavismo. El abogado también fue presidente del Portuguesa F.C., oncena tradicional del fútbol profesional venezolano, entre los años 2014 y 2018, durante los cuales fue cercano a los gobernadores de esa entidad, primero Wilmar Castro Soteldo, ahora Ministro de Agricultura y Tierras, y más recientemente Rafael Calles. Mazzoca fue el primer vicepresidente del comité organizador del evento ExpoPortuguesa 2019, en el que el propio Calles fue el presidente. En la página del evento se describe al abogado como un “empresario multisectorial”.

Mazzoca tiene tres sociedades en Panamá: Panama Management Fund Corporation, Shinox Corp. y Venezuela Consultores Asociados, INC., todas desactivadas en los últimos dos años. También posee cinco compañías en Estados Unidos: Agrícola A & B Inc, La Soule Sports, LLC y Mazzrod, LLC que se encuentran activas y Shinox-Corporacion, LLC y Comercializadora Nahuen, LLC, estas inactivas. Como su domicilio, en los documentos de inscripción de estas compañías, Mazzocca registró tres apartamentos valorados en más de dos millones de dólares. Entre ellos uno en las exclusivas residencias de Peninsula II con vista a la bahía de Biscayne, en Miami, en donde el valor promedio de los apartamentos ronda los 1,3 millones de dólares.

Desde agosto de 2020 la propia cuenta de Twitter del central (@Santaelenacent1) anunciaba la realización de reparaciones a las calderas dos y tres de la planta. En algunos portales se habló de una inversión de 700.000 dólares. Giovanni Montes Micolta, representante de Sineca, la empresa encargada de hacer las reparaciones, indicó a Armando.info que estas se iniciaron en junio de 2020 y que su compañía fue seleccionada en un proceso de licitación por la misma fecha. “Hace unas tres semanas (principios de mayo) se hizo la prueba y se entregaron las calderas completamente operativas al cliente”, dijo, acotando que solo puede dar fe por el buen funcionamiento de las calderas.

Ratifica que la inversión total rondó los 700.000 dólares y que el contrato de la reparación fue pagado por la empresa privada, aunque prefirió reservarse el monto que recibió Sineca. “En nuestro caso fue solo la mano de obra. Fue una restauración completa y el cliente compró los materiales”, explica.

A pesar de las reparaciones y de que la cuenta en redes del central asegura que este ya se encuentra operativo, el jefe de los cañicultores de la localidad vecina de Las Majaguas, Fidel Morles, señala que la planta sigue inactiva y que los productores debieron llevar sus cosechas a otros centrales. “Estamos pidiendo que el Estado nos reconozca la indemnización que corresponde. Hay 300 productores que cortaron sus cañas. Son casi 100.000 toneladas que quedaron”.

Morles considera que se debe hacer un estudio sobre las condiciones del central para ponerlo en funcionamiento y buscar nuevos inversionistas. “Ya el productor perdió la confianza con los que están administrando el central, debemos decirlo así. Nos deben todavía de la cosecha anterior”, denuncia.

El presidente de la Federación Campesina de Venezuela, Miguel Ulises Moreno, señaló que el Estado venezolano, en tiempos de la Corporación Venezolana de Fomento (CVF), cedió un porcentaje de las acciones del central al gremio y que el Gobierno se reapropió de manera ilegal de esa planta. Señala que la propiedad de este no puede ser transferida a ningún privado. “Queremos que se devuelva el central y que se castigue a los que facilitaron este despojo”. Armando.info intentó contactar a Mazzoca para obtener su versión, sin resultado.

Puro empaque

Otro caso es el del Central Río Guanare, rebautizado por el chavismo como Batalla de Araure, también en el estado Portuguesa.

Asignado a la gobernación en 2019, en este caso la administración de Rafael Calles decidió establecer una “alianza estratégica” con la empresa Inversiones Aliceole, C.A.

Aunque no hay información oficial al respecto, resulta llamativo que en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) Inversiones Aliceole tenga por dirección de su sede la misma del central.

En agosto de 2019, el año de la alianza, un grupo de trabajadores denunció despidos masivos con la llegada de la nueva administración.

El dueño de Aliceole es Luis Moreno Sevilla, exgerente general de Lácteos Los Andes -la empresa de refrigerados estatizada por Chávez en 2010- entre 2013 y 2018. También fue presidente de la empresa Mixta Socialista Lácteos del Alba, S.A. En el RNC aparecen como accionistas de Aliceole, al menos hasta diciembre de 2018, Julio César Terán Ortiz y una familiar del exfuncionario, de nombre Leticia Moreno Sevilla. El propio Luis Moreno Sevilla figura como el contacto de la compañía en los documentos.

La gestión de Moreno Sevilla en Lácteos Los Andes fue muy criticada desde el mismo chavismo. Como en el caso del azúcar, esta empresa experimentó una caída de su productividad luego de su estatización en 2010. Distintos indicios permiten afirmar que la empresa ha sido reprivatizada y asignada a los empresarios Majed y Khaled Khalil. Si ese paso por Lácteos Los Andes es su principal aval, resulta difícil encontrarle méritos para quedar a cargo de un central azucarero.

La empresa Aliceole tiene como cliente a la Sociedad Mercantil Empalven C.A., de acuerdo con el RNC. Empalven también tiene como socio a Leticia Moreno Sevilla y a Daniel Antonio Moreno, con lo cual parece quedar claro un esquema de “autocontratación”. El objeto social de la compañía es el “empaquetado, envasado, almacenaje, importación, exportación, distribución, mezclas, suministros y transporte de todo tipo y de productos alimenticios”.

De acuerdo con cifras manejadas por la Sociedad de Cañicultores del estado Portuguesa (Socaportuguesa), este central apenas llegó a unas 15.000 toneladas de molienda de caña este año, muy lejos de las 500.000 toneladas de capacidad instalada.

¿Empalven es la empaquetadora de la escasa azúcar que muele el central? ¿Se le ha hecho algún trabajo de reparación del central desde la nueva administración? ¿Qué contempla ese convenio sobre la producción de la planta? Son interrogantes pertinentes para la nueva administración del central. Armando.info se comunicó con Luis Moreno Sevilla por vía telefónica. Sin embargo, la llamada se cortó abruptamente luego de que el reportero se identificara. Moreno Sevilla tampoco contestó a los mensajes que posteriormente envió Armando.info.

La paralización de estos centrales ha perjudicado a los cañicultores que han tenido que arrimar sus cosechas a otras plantas muy lejanas, en medio de la escasez de diésel y gasolina que enfrenta el país. La Sociedad de Cañicultores de Portuguesa (Socaportuguesa) calcula que, sólo en esa región, se dejaron de moler 350.000 toneladas de caña de azúcar este año. “Eso es 28 millones de kilos de azúcar, que son alrededor de 28 millones de dólares. Es una pérdida significativa para la parte productiva”, indica el presidente de la asociación, Óscar Contreras.

En contraste, las importaciones se han disparado y algunos de estos centrales del Estado están limitándose a refinar el crudo que llega importado. Es usual ver que el azúcar importada desde Brasil desplace a la de los centrales nacionales porque tiene un precio menor. “Llega sin ningún control sanitario y sin ningún arancel. Hoy en día, la poca producción que hay en el país se está quedando en los almacenes de los centrales”, añade Contreras.

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