Armando.info: El escándalo de Andorra repicó en Barbados

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Una empresa en Barbados generó alertas bancarias por posible participación en el denso esquema de lavado de dinero a través de la Banca Privada de Andorra, por el que señalan al primo de Rafael Ramírez, Diego Salazar, y a su operador, Luis Mariano Rodríguez Cabello. La firma, que no fue incluida en ningún registro judicial del caso, tuvo en su directiva durante más de dos años a quien ha sido señalado en al menos tres países por blanqueo de capitales. La reaseguradora Energy Risk ahora se ha reinventado y ha obtenido calificaciones financieras para hacerse más internacional. La nueva vida también vino para Rodríguez Cabello, que evadió la extradición desde España y ahora, según su abogado, es un hombre libre en Madrid.

Lo que lucía como algo más que una generosa propina inició en 2010 una investigación en un juzgado de Andorra por actividades sospechosas con fondos provenientes de Pdvsa que abrió la compuerta a las revelaciones sobre uno de los escándalos de corrupción capitales del chavismo. En el principado europeo, un enclave de laissez faire financiero en los Pirineos, se recibió entonces el alerta de la policía antilavado de Francia, Tracfin, sobre una transferencia de fondos entre la Banca Privada de Andorra (BPA), una de las dos mayores entidades bancarias del país, y un banco francés por 99.980 euros, «en beneficio de un empleado de una cadena hotelera en gratificación o regalía por servicios prestados».

La abultada retribución provenía de la firma Highland Asssets Corp, empresa registrada en Panamá y propiedad de Diego Salazar, representada legalmente por el abogado Luis Mariano Rodríguez Cabello. Era el primer hilo que se deshilachaba de lo que terminó siendo una compleja madeja de empresas de maletín, cascarones financieros y millones de dólares, sobre los que todavía hay cabos sueltos, mientras todavía tarda en arrancar el juicio correspondiente en un tribunal de Andorra.

La relación con Diego Salazar, primo de Rafael Ramírez —ex ministro de Energía, ex canciller, y cabeza de la estatal Petróleos de Venezuela por una década—, parece ser un tatuaje en la vida de Luis Mariano Rodríguez Cabello. Como parte del llamado Grupo Salazar, fue el principal operador de uno de los más grandes desfalcos a la estatal petrolera mediante el cobro de comisiones y sobornos, que involucran a más de una decena de individuos. Como socios en distintas actividades financieras millonarias, Salazar y Rodríguez Cabello reportaron amistades con lujos y dinero y también un pase a la prisión, aunque en distintas condiciones.

Los FinCEN Files, una filtración de más de 2.100 documentos obtenidos por BuzzFeed News, compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ y 108 medios de 88 países, entre ellos, Armando.info, revelan que pese al escrutinio que se seguía de la BPA, los cuantiosos movimientos de dinero a cuentas presuntamente asociadas a Luis Mariano Rodríguez Cabello, siguieron ocurriendo y levantando banderas rojas en otras jurisdicciones y empresas que no habían sido incluidas hasta ahora en el mapa del trasiego de la corrupción de la Pdvsa roja-rojita, como en su momento la proclamó Rafael Ramírez.

En un resumen incluido en el boletín interno semanal de la FinCEN, Kleptocracy Weekly, se recoge que, entre el 7 de octubre de 2014 y el 13 de noviembre de 2015, individuos «supuestamente relacionados con el escándalo de Pdvsa» usaron una cuenta empresarial del banco Morgan Stanley Smith Barney LLC para recibir más de 107 millones de dólares mediante quince transferencias. El escueto reporte de la transacción —cuyo detalle estaría en un reporte de actividad sospechosa o SAR, por sus siglas en inglés, no incluido en la filtración— señala que la cuenta, a nombre de la empresa Energy Risk Indemnity SCC, registrada en la ex colonia británica del Caribe oriental, Barbados, era manejada por Rodríguez Cabello y «cuatro individuos relacionados», por lo que generó preocupación en el banco sobre si el dinero provenía de un esquema de sobornos en Venezuela.

Este boletín semanal resume información protegida por la Ley del Secreto Bancario (BSA, por sus iniciales en inglés) sobre funcionarios y entidades de gobierno que podrían estar involucrados en hechos de corrupción de alto nivel. En el reporte correspondiente a la semana del 18 al 24 de noviembre de 2016, la FinCEN describe a Rodríguez Cabello como socio clave de Diego Salazar, con quien fue grabado en una conversación junto a Pablo Laplana, gerente de la Banca Privada de Andorra, proponiendo sobornar a autoridades andorranas para liberar cuentas bloqueadas en las que habría más de 200 millones de dólares.

El reporte se refiere a una conversación grabada el 5 de diciembre de 2012 y develada por el diario El País el 17 de diciembre de 2017, en la que Rodríguez Cabello conversa con Laplana, exdirector de la Oficina Internacional de la BPA, sobre la posibilidad de sobornar a investigadores europeos para detener las pesquisas, siguiendo el ejemplo de lo que ya habían hecho con la justicia en Venezuela.

No fue sino hasta que ocurrió la purga llevada a cabo por Nicolás Maduro dentro del chavismo, ese reacomodo de lealtades en el que Ramírez acabó como enemigo de la autodenominada Revolución Bolivariana, que la trama que detectó Francia tuvo movimientos en Venezuela. Pasaron siete años de esa escandalosa propina en un hotel parisino, para que el Tribunal Supremo de Justicia de Justicia, en una sentencia del 1 de diciembre de 2017 que ordena la extradición desde Colombia de Leonardo Díaz Paruta como presunto cómplice de Rodríguez Cabello, iniciara una investigación contra el operador de Diego Salazar, quien fue detenido ese mismo año.

El documento señala que el expediente se abrió «con ocasión del informe de fecha 30 de noviembre de 2017, emanado de la Policía Nacional Contra la Corrupción, del cual se desprende el análisis de reportes e informes emitidos por la Policía de Andorra, la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra, y la FinCEN del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos”.

El fiscal Tarek William Saab hablaba de los “Expedientes de Andorra”, que contenían “formularios de apertura de cuentas, contratos y fundamentalmente, reportes de movimientos de cuentas bancarias indicativos de transferencias desde o hacia cuentas externas a las de la Banca Privada de Andorra SA., o traspasos entre cuentas de empresas que eran controladas por un grupo de venezolanos, vinculados entre sí para defraudar a empresas del Estado venezolano».

Para ese diciembre de 2017 ya había transcurrido más de un lustro desde que el Ministerio Público recibió el oficio de Diligencias Previas N° 4103434/2012 de la jueza andorrana Canolic Mignorance Cairat, que entonces había hecho una solicitud de Asistencia Mutua en Materia Penal a la Fiscalía venezolana. Las autoridades andorranas pidieron información sobre si existían investigaciones abiertas por corrupción en contra de Luis Mariano Rodríguez Cabello, Estibaliz Basoa de Rodríguez, Diego Salazar Carreño y Rosycela Díaz Gil —esposa de Salazar—, el llamado Zar de los seguros, Omar Jesús Farías Luces, José Luis Zabala, José Enrique Luongo Rotundo —también primo de Ramírez y alto ejecutivo de Pdvsa—, y los ex viceministros Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas y Javier Alvarado Ochoa.

La Asamblea Nacional controlada por la oposición intentó retomar en 2016 la investigación sobre el caso de Andorra, pero la Fiscalía —a cargo de Luisa Ortega Díaz— aseguró que no podía darles información por tratarse de una investigación en curso.

Documentos de la gestión de Luisa Ortega Díaz al frente del Ministerio Público —defenestrada en 2017 por decisión de la Asamblea Nacional Constituyente, el parlamento paralelo que creó Nicolas Maduro para evadir el control legislativo— reflejan que ese despacho procesaba el caso lentamente. En 2012 recibió el oficio desde Andorra. En abril de 2016, la entonces directora contra la corrupción de ese despacho, Paula Ziri Castro, informó en una carta a la Asamblea Nacional —con mayoría opositora desde enero de ese año— que no podía aportar datos a la Comisión de Contraloría que intentaba retomar pesquisas que habían adelantado algunos diputados opositores en la anterior legislatura. Argumentó que, al tratarse de una investigación en curso, se debía respetar la reserva de la causa.

En junio de 2016, el Ministerio Público recibió información que había solicitado a Andorra bajo esa misma figura de asistencia mutua, según confirmó Zair Mundaray, ex director de Actuación Procesal de la Fiscalía para el momento, hoy exiliado en Colombia, quien mostró para este reportaje imágenes de esos registros. Aunque el expediente ya se había empezado a armar, Tarek William Saab afirmó que el caso comenzó en diciembre de 2017. «La improvisada policía contra la corrupción envió un informe y, en lugar de anexarlo a la investigación en curso, iniciaron una nueva. El sistema de seguimiento de casos impedía duplicidades de esa naturaleza, pero fue suprimido», señaló Mundaray.

Mientras en Venezuela los expedientes no tenían consecuencias, las actuaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sí las generaban en otras fronteras. El 10 de marzo de 2015 fue intervenida la Banca Privada de Andorra (BPA) por orden del Instituto Nacional de Finanzas de Andorra (INAF), respondiendo a la denuncia de la FinCEN por presuntas operaciones de lavado de dinero por un total de 4.200 millones de dólares vinculadas a Venezuela.

Una inusual sociedad

En los FinCEN Files es la primera vez que aparece públicamente la empresa Energy Risk Indemnity SCC y se vincula a la trama corrupta en Andorra. Si bien en los documentos judiciales del pequeño principado europeo se precisan los nombres de al menos 34 sociedades establecidas en Venezuela, Ecuador, Panamá, Belice y las Islas Vírgenes Británicas, la firma de Barbados no estaba incluida.

Energy Risk tiene sede en Saint James, localidad al oeste de esa isla del arco de las Antillas menores, y continúa activa. Fue incorporada en 2013 con Bernell Arrindell, Trevor Carmichael, Carolyn Humphrey y Grafton Williams como sus primeros directores. De este grupo, solo los dos primeros se mantienen en la cabeza de la firma. Luis Mariano Rodríguez Cabello entró a la directiva de la compañía al año siguiente, el 5 de diciembre de 2014, dos meses después de que comenzaron las transacciones sospechosas reportadas a la FinCEN, y tres meses antes del derrumbe de la Banca Privada de Andorra.

A sus 72 años, Arrindell es considerado una autoridad en materia tributaria internacional. Su experiencia reciente lo ubica, además de en Energy Risk, en Cidel Bank and Trust y antes en la firma londinense Ernst & Young, en su sede en Barbados. Desde 1998 ha sido consultor del gobierno de ese país en asuntos económicos, de impuestos y legislativos asociados, y ha participado de delegaciones oficiales de Barbados para negociar tratados comerciales con otras naciones, así como en el desarrollo de instrumentos fiscales de la Caricom. Entre otras decenas de ocupaciones, formó parte del Comité de Expertos de Naciones Unidas en Cooperación Internacional en Asuntos Tributarios entre 2005 y 2013.

Luis Mariano Rodríguez Cabello ingresó en la junta de Energy Risk en diciembre de 2014, dos meses después de que comenzaron las transacciones sospechosas que levantaron la alerta de la FinCEN.

Su biografía pública incluye su vasta experiencia y galardones internacionales —como su nombramiento a finales del año pasado como Comendador de la Orden del Imperio Británico (CBE), un reconocimiento que otorga la Reina Isabel II por recomendación de los gobiernos del Reino Unido y la Commonwealth—, pero no menciona la cantidad de empresas en las que ha participado como director. Una pesquisa hecha para este trabajo arrojó su nombre asociado, aunque no necesariamente en el presente, a otras siete empresas reaseguradoras como Ocean International Reinsurance Company Limited, Three D Insurance Services LTD y Rainmaker Insurance SCC.

En no pocas de esas firmas su nombre aparece junto al de Trevor Carmichael y Grafton Williams. De hecho, los cuatro directivos, ex socios de Rodríguez Cabello, han tenido distintos enroques en las directivas de otro puñado más de compañías reaseguradoras.

Carmichael es un hombre dedicado al sector bancario de Barbados desde la década de 1970, considerado pieza fundamental de la fortaleza que ahora tiene ese sector en la economía de la pequeña nación insular del Caribe. Fue nombrado como Consejero de la Reina, un estatus honorífico conferido por la Corona, y entre otras actividades gremiales y hasta filantrópicas, es miembro de la International Bar Association, una organización internacional compuesta por operadores jurídicos, colegios profesionales de abogados y asociaciones de derecho de diferentes nacionalidades, que influye sobre la reforma del derecho internacional. Además es el patriarca de una de las familias más adineradas de Barbados, según la revista Vanity Fair.

Arrindel y Carmichael son los únicos directores que siguen en Energy Risk y compartieron con Luis Mariano Rodríguez Cabello, abogado nacido en 1965 en Caripe, estado Monagas, en el oriente del país, con un portafolio de relaciones en torno a Rafael Ramírez, presidente de Pdvsa entre 2004 y 2014, y su primo Diego Salazar, un vendedor de pólizas de seguros que se hizo millonario operando una red de empresas offshore para el cobro de sobornos a empresas a cambio de jugosos contratos, que le alcanzaron también para patrocinar a petromodelos.

Humphrey y Grafton se retiraron en abril de 2015 y marzo de 2019, respectivamente. Ambos fueron contactados para ser consultados para este reportaje, pero no emitieron respuesta. Pero Arrindell y Carmichael sí respondieron a través de una comunicación firmada por The Board de la empresa, cuando fueron consultados para este trabajo sobre las millonarias transferencias ocurridas entre octubre de 2014 y noviembre de 2015.

Bernell Arrindell es un conocido consultor en asuntos legales y tributarios en Barbados y también ha sido asesor de la ONU. Su nombre figura en la directiva de múltiples sociedades offshore.

Durante ese período, según explicaron por escrito, la compañía «tenía licencia para participar en negocios de reaseguros desde Barbados», bajo la regulación de la Comisión de Servicios Financieros de la isla (FSC, por sus siglas en inglés), con vigilancia de la Unidad de Inteligencia Financiera de Barbados (FIU, por sus siglas en inglés). Energy Risk, aseguran, «estaba estatutariamente obligada a cumplir toda la legislación nacional e internacional relativa a combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo».

La directiva, en conjunto, declara no tener conocimiento de alguna actividad indebida que involucre a la empresa durante el periodo mencionado, ni tampoco «de ningún registro de que la compañía supuestamente habría realizado transacciones con la Banca Privada de Andorra». Además, en la comunicación afirman que no han recibido comunicación alguna de la FSC o de la FIU en relación con alguna actividad de negocios indebidos por parte de la firma o sus directores. «Hasta donde sabemos, la Compañía no recibió durante el período mencionado ni durante su existencia fondos derivados de fuentes no relacionadas con su negocio de reaseguros».

En su comunicación, la directiva de la empresa no respondió cómo y por qué se iniciaron los negocios con el venezolano, tampoco si alguno de los integrantes de Energy Risk tenía alguna relación previa con Rodríguez Cabello, o si mantienen en contacto con él. Tampoco quisieron emitir algún comentarios sobre las acusaciones por lavado de capitales que pesan sobre su ex socio.

Los directores actuales de Energy Risk niegan haber tenido relación alguna con Diego Salazar o haber firmado contrato con Pdvsa o empresas afiliadas. De hecho, en Caracas no tienen sede física, como confirma un ex empleado de la firma en Venezuela que trabajó durante cinco años allí como asesor en reaseguros y que prefiere mantener su nombre en resguardo. “El reaseguro es el seguro del seguro, no se trata de un tipo de empresas. Es un contrato mediante el cual una empresa aseguradora llamada cedente, mediante el pago de una prima, obtiene una cobertura para determinados riesgos y la reaseguradora se compromete a resarcir sus riesgos. Así que el reaseguro no se refiere a tipo de empresas sino a clases de riesgos y coberturas para ellos», detalla el ex empleado que se retiró de la firma en abril de 2020 y dijo que siempre reportó a Grafton Williams.

La directiva de Energy Risk afirma que Luis Mariano Rodríguez Cabello se retiró de la firma en julio de 2017, supuestamente argumentando su deseo de pasar más tiempo con su familia.

Aunque revelar los clientes que tenía Energy Risk en Venezuela sería violar los acuerdos de confidencialidad de su contrato, asegura que no vio negocios con empresas del Estado; la mayoría eran compañías extranjeras del sector privado.

La directiva de Energy Risk afirma que Luis Mariano Rodríguez Cabello se retiró de la firma en julio de 2017, supuestamente argumentando su deseo de pasar más tiempo con su familia. En los registros del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) aparecía el 1° de agosto de ese año como la fecha de egreso de su último empleo con el que cotizaba al sistema: Reinsurance Consulting C.A., una compañía de tres empleados de la que era era el representante legal, de acuerdo con el documento de solvencia emanado de la institución.

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