La razón que llevó a los hermanos venezolanos Santiago y Ricardo José Morón a ser sancionados por los Estados Unidos

viernes, 9 octubre, 2020 expresaSE 0 comentarios

Cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó, el pasado 23 de julio, a los hermanos Santiago José Morón Hernández y Ricardo José Morón Hernández por el apoyo en manejos financieros ilegales al gobierno venezolano, dio un nuevo golpe a los fondos que maneja el chavismo provenientes del oro y el coltán de Guayana; comercializados a través de empresas mixtas que han sido adjudicadas a figuras vinculadas a Nicolás Maduro y a su hijo, Nicolás Ernesto Maduro Guerra “Nicolasito”, así como a Cilia Flores, entre otras figuras de la cúpula gobernante.

Señala el comunicado que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), organismo dependiente del Departamento del Tesoro, que sancionó a los hermanos Santiago José Morón Hernández, abogado y Ricardo José Morón Hernández, ingeniero y corredor de bolsa, por brindar apoyo a Nicolás Ernesto Maduro Guerra y a las actividades corruptas de miembros del régimen ilegítimo de su padre, Nicolás Maduro Moros. La medida corresponde a la Orden Ejecutiva (EO) 13692, en su versión enmendada.

Los señalados “distribuyen activos para Maduro y su familia en todo el mundo. Maduro Guerra contrató a Santiago y Ricardo para realizar negocios en su nombre. Los dos hermanos utilizaron diferentes empresas para realizar transacciones. Además, Santiago es el asistente principal de Maduro Guerra y lo acompaña regularmente mientras Ricardo maneja las actividades operativas”.

“Por separado, Maduro Guerra, Santiago, Ricardo y sus aliados más cercanos son figuras centrales en la industria del oro de Venezuela. Maduro Guerra está acusado de realizar transacciones ilícitas, incluida la venta de oro extraído en Venezuela y enviado desde el Banco Central de Venezuela, que fue sancionado por la OFAC el 17 de abril de 2019 de conformidad con la EO 13850. Santiago y Ricardo supervisan el mecanismo financiero del esquema de oro ilícito”, indica la OFAC.

“Como resultado de la acción, todas las propiedades e intereses en la propiedad de estas personas que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas y debe informarse a la OFAC. Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50% o más de las personas designadas. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todos los tratos de personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas o designadas”, señala el comunicado.

Negocios entre amigos

En el mecanismo establecido por el gobierno de Maduro para procesar y comercializar el oro del Arco Minero se destacan seis empresas mixtas, de cuya producción una parte va al Banco Central de Venezuela (BCV) y otra se exporta por vías clandestinas, no declaradas, hacia países aliados como Irán y Turquía. Esas empresas fueron creadas o convenidas entre el Gobierno y personas vinculadas a la cúpula. Uno de los operadores más importantes del entramado ha sido “Nicolasito”, y en las directivas de estas empresas figuran reconocidos amigos y socios de la familia presidencial.

Piezas clave en este negocio son los hermanos Morón Hernández, y el colombiano Alex Nain Saab Morán. También tienen asignaciones testaferros de los hijos de Cilia Flores, Yoswal Alexander y Yosser Daniel Gavidia Flores, como lo son, Mario Enrique Bonilla Vallera, prófugo de la justicia de Estados Unidos y Raúl Eduardo Saavedra Leterni.

Los Morón Hernández son oriundos de Maracaibo, estado Zulia. Aparecen desde 1987 junto a su padre como fundadores de la empresa Cresmo. Desde 2007 ejecutaron proyectos en Fondur, Metro de Maracaibo, Ducolsa y el Ministerio de Prisiones según el Registro Nacional de Contratistas (RNC) a pesar de antecedentes de incumplimiento de contratos, obras inconclusas e irregularidades en pagos laborales, con siete demandas en tribunales.

“Bonilla Vallera y Yoswal Gavidia Flores estudiaron juntos en la Universidad Santa María y se graduaron en mayo de 2013 en la promoción XVIII, mención Comunicación Audiovisual. Tuvieron su propio programa en la emisora de la Asamblea Nacional 102.3 FM cuando era de mayoría chavista, tras la expropiación del Circuito Nacional Belfort, y compartían el mismo círculo de amigos”, refiere la periodista Patricia Marcano del portal Armando.info. Además trabajó para Cilia Flores desde enero de 2013, en la Procuraduría General, según su data del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) hasta junio de 2014.

Saavedra Leterni, abogado, aparece como socio o apoderado judicial en 13 de 25 empresas vinculadas con Bonilla. “Se trata de una relación de negocios que pasa por una estrecha amistad, y de la que han dejado huella en las redes sociales. Ambos han compartido juntos en los cumpleaños de los hijastros de Maduro y con su propio hijo Nicolás Maduro Guerra; todos contemporáneos al haber nacido en 1990”, indica Marcano.

Otras empresas son manejadas por el miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) del estado Bolívar, Eduardo José Rivas, que sin tener trayectoria alguna en el sector minero aparece como presidente del Complejo Industrial Minero Domingo Sifontes, en El Callao, con un aporte de 30 millones de euros. Además es dueño de Inversiones y Representaciones Glenduar, donde controla la mayoría accionaria y presidente del Complejo Manuel Piar, en Puerto Ordaz. El ex director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Manuel Cristopher Figuera declaró al portal Armando.info que Rivas “es hombre de confianza de Nicolasito”.

En el Complejo Domingo Sifontes fue anexada otra empresa, Corporación Petroglobal, cuyos dueños son Bonilla y Saavedra, según reporte del portal Armando.info.

La periodista Patricia Marcano del portal Armando.info detalla que Bonilla Vallera fue identificado en 2018 como testaferro de los hijos de Cilia en la investigación llevada en Estados Unidos por la Corte Penal del Distrito Sur bajo el nombre de “Operación Money Flight”, que siguió el rastro del lavado de 1.200 millones de dólares de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA); por la que fue sentenciado a 20 años de prisión. Fue declarado prófugo por la justicia de EE.UU. por transferir 200 millones de dólares de los fondos petroleros a los hijastros de un alto funcionario venezolano como parte de una red de lavado de dinero.

En busca del oro

Desde finales del 2015, producto del descalabro de la industria petrolera, el Gobierno bajo la conducción de Nicolás Maduro encontró en la extracción del oro una vía rápida para obtener nuevos ingresos en divisas.

Así es que luego de haber expropiado a las grandes empresas tecnológicas como lo eran Crystallex y Gold Reserve, en 2008, comienza una nueva estrategia llamando a nuevas empresas foráneas de países como China, Rusia, RD Congo, Suráfrica, Palestina, Alemania y Suiza para proyectos que denominaron el “Motor Minero de la Agenda Económica Bolivariana”.

El 24 de febrero de 2016 se promulgó el Decreto No.2.248, Gaceta Oficial No.40.855, que crea la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco y que abarca un área de 111.800 kilómetros cuadrados (km²) en el estado Bolívar para explotar oro, hierro, bauxita, coltán, diamante, manganeso y granito.

El plan se proyecta bajo la figura de empresas mixtas y para finales de 2016 se formalizó en Gaceta la creación de las empresas mixtas denominadas: Siembra Minera, Minera Metales del Sur, Minera Ecosocialista Parguaza y Minera Ecosocialista Oro Azul para explotar coltán.

Pero un rasgo común en este nuevo plan es que el gobierno de Maduro centró la minería del oro y de diamantes del Arco Minero del Orinoco en la “pequeña minería” o artesanal. En aquel momento, tras la salida de las grandes empresas, la zona había sido tomada por cerca de 40 mil mineros artesanales. Una forma de explotación aurífera agresiva, sin tecnologías de punta, con el uso de materiales como mercurio o cianuro sin mecanismos de control ambiental, y la intervención directa de la capa vegetal de la superficie de los bosques y ríos de la región. La depredación llegó hasta las zonas protegidas y reservas forestales.

Desde abril de 2017 comenzaron a ingresar a las bóvedas del BCV cargamentos de barras de oro provenientes de las compras que la filial de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) como Minerven hacían de la producción de la pequeña minería a través del Consejo Popular Minero en el Arco Minero del Orinoco, y que se paga a través del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes).

Desde luego que las más importantes empresas mineras receptoras del material aurífero para ser transformado en barras de oro fueron las firmas creadas para tal fin por el gobierno de Maduro, asignadas a testaferros y amigos.

Al mismo tiempo, tras la creación del Arco Minero del Orinoco, los pequeños mineros del oro al sur del estado Bolívar que allí operaban fueron sometidos por bandas, sectores militares y los grupos irregulares (FARC y ELN) que se apoderaron de la zona. Al mismo tiempo comenzaron a disputarse el control de los yacimientos y rutas de extracción, generando anarquía con gran cantidad de masacres que se han registrado en la región.

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