Armando.info: Lo barato salió caro en la danza de millones de Yare

domingo, 27 septiembre, 2020domingo, 27 septiembre, 2020 expresaSE 0 comentarios

En la imagen, Alejandro Ceballos Jiménez

Lidera un grupo de empresas del sector construcción, cría purasangres para hacerlos competir en hipódromos de Venezuela y Estados Unidos, tiene mansiones en Caracas y Florida. Pero por ninguno de esos bienes suntuosos fue que Alejandro Ceballos Jiménez llamaría la atención de funcionarios de cumplimiento de un banco y de la unidad de inteligencia financiera del Departamento del Tesoro. En cambio, quedó bajo sus lupas por los pagos y transacciones vinculados a una obra de viviendas populares en los Valles del Tuy. Los flujos millonarios de dólares llegaban desde entes del gobierno chavista a una empresa en el Reino Unido simultáneamente vinculada a la ruta del ‘dinero K’ argentino.

En San Francisco de Yare, un pueblo a unos 75 kilómetros al sur de Caracas, en los valles del río Tuy que sirven de dormitorio tanto a trabajadores del área metropolitana como a una inmensa población marginada, es raro que alguien no sepa cómo llegar a Colinas de San Francisco de Yare.

Literalmente, es en ese urbanismo donde reside el acervo histórico del pueblo, que le ha permitido ser un lugar conocido en todo el país y llegar hasta la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Los cultores de los Diablos Danzantes de Yare -la colorida ceremonia del jueves de Corpus Christi- fueron beneficiados con apartamentos en Colinas de San Francisco de Yare, un proyecto aprobado en tiempos de Hugo Chávez y culminado durante el gobierno de Nicolás Maduro, como parte de la Gran Misión Vivienda Venezuela.

Para llegar allí hay que sortear la escasa oferta de transporte público que cubre la ruta entre la capital venezolana y el pueblo. El trayecto, que normalmente tomaría apenas una hora, llega a durar hasta tres. Desde la plaza Bolívar, donde danzan los Diablos de Yare en junio, se sigue hasta tomar la carretera nacional Yare-Santa Teresa y allí, en una explanada, se deja ver con enormes letras blancas el nombre de Colinas de San Francisco de Yare.

El anuncio corpóreo, con caracteres tridimensionales, no podría pasar inadvertido. Aunque se puede apostar a que sus diseñadores nunca pensaron que esa notoriedad sería para tanto, hasta el punto que el nombre del complejo habitacional pasó a formar parte de un intercambio de información entre oficiales de cumplimiento de bancos en Estados Unidos y personal de la unidad de inteligencia financiera (FinCEN, por su acrónimo en inglés) del Departamento del Tesoro en Washington DC.

Los primeros apartamentos fueron entregados en noviembre de 2015, a pocas semanas de las elecciones parlamentarias. Foto: Fernando Campos / Armando.info

Algunos Reportes de Actividades Sospechosas (SAR, por sus siglas en inglés) contenidos en una filtración de 2.100 documentos obtenidos por BuzzFeed News, compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ, Armando.info y otros 107 medios de 88 países, y que dieron origen a la investigación internacional de los FinCEN Files, permiten hacer la conexión entre ese desarrollo de viviendas populares, inaugurado por Maduro en 2015, y cuantiosas transferencias de divisas a y desde cuentas bancarias en el extranjero de una empresa en el Reino Unido y parientes de una familia de constructores venezolana, los Ceballos Jiménez. Los montos de las transacciones llamarían la atención de los supervisores bancarios y, a la postre, de la prensa internacional.

También ofrecerían pistas sobre probables dispendios y sobreprecios: con un presupuesto por unidad para apartamentos de mucho mejor acabado, se levantaron unos edificios de colores hoy lavados por el sol y la lluvia, de cinco pisos y estructura metálica, sin ascensores pero con ropa tendida en las ventanas y contenedores de basura desbordados de desperdicios. La infaltable mirada fija de Chávez está estampada a lo alto, en la fachada de cada una de las 40 torres. Adentro, los apartamentos están escasamente amoblados, el techo es de plástico o cielo raso. El servicio de agua y electricidad es intermitente, el transporte público no está garantizado, ni tienen estación de ferrocarril cerca. En fin, los lugares comunes del deterioro y el descarte en una urbanización aislada, donde incluso se puede ver a un lugareño que pone a sus vacas a pastar en el monte seco que crece entre los edificios.

Las vueltas de Pdvsa

Los edificios de Colinas de San Francisco de Yare quedaron al alcance del radar del Departamento del Tesoro por una jugada de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) que buscaba burlar las trabas que ya para entonces le imponía su creciente falta de liquidez. En 2012 la producción petrolera se acercaba al precipicio y la estatal no tenía cómo pagar a proveedores viejos u honrar contrataciones nuevas.

Tenía, en cambio, algo para transar a manera de trueque con alguna obra o servicio recibido: coque, un combustible sólido que es producto residual del procesamiento de petróleo pesado.

Para ese momento el coque se acumulaba inservible, en colinas de más de 30 metros de altura, en los patios del Complejo Criogénico de Jose, en la costa de Anzoátegui, en el oriente venezolano. Y había una empresa italiana, Energy Coal SpA, dispuesta a recibir el coque como moneda de pago. Es así como en marzo de 2012, Pdvsa firma un convenio con esa compañía de suministro de coque para el pago de la construcción de viviendas, y encarga a la Dirección Ejecutiva de Producción de la Faja Petrolífera del Orinoco la gestión del proyecto de los 1.540 apartamentos (40 edificios), en Yare, en el estado Miranda. La obra se debía ejecutar en un año.

Pero el contratista, la italiana Energy Coal, no tenía capacidad técnica ni experiencia en construcción. Así que para la ejecución de la obra subcontrata a Sarleaf Limited Company, sociedad registrada en Londres. Y esta, a su vez, subcontrata a Inversiones Alfamaq, empresa con sede en Caracas, que construya el urbanismo. La cadena de subcontrataciones pasa por alto un dato: tanto Sarleaf como Alfamaq son compañías controladas por Alejandro Ceballos Jiménez y sus familiares.

La explicación sobre ese intercambio de coque por vivienda la expone la propia Energy Coal en voz de Paolo Ascheri -hijo del dueño-, tras ser consultado para este reportaje por el ICIJ, socio de Armando.info en esta investigación. “La razón por la que fuimos contratados por Pdvsa para construir casas (…) es que estábamos dispuestos a aceptar un pago en especies (coque de petróleo) y no en dinero. Es cierto que carecemos de toda capacidad y experiencia tanto en la construcción como en la ingeniería, sin embargo nuestro papel era totalmente diferente: fuimos contratados para vender el coque de petróleo en el mercado internacional (tenemos más de 30 años de experiencia en esta industria). Básicamente, nuestro papel era convertir el coque de petróleo en servicios o monetizar el coque de petróleo y, por lo tanto, suministrar lo que Pdvsa requiriera”.

En ese entonces, millones de toneladas de coque yacían en los espacios de la refinería porque no tenían cómo cargarlos hasta los buques, así que Energy Coal se ofreció a renovar las instalaciones de carga a cambio de recibir el pago con coque. La garantía estaba en las montañas de este combustible sólido en el terreno. Sabían que podían pagarles así, sin correr con la suerte de otros proveedores con los que la petrolera acumulaba deudas. Luego hubo otra oportunidad para seguir con los contratos y estos fueron los proyectos de viviendas. “En ambos casos, el concepto era el mismo: convertir el coque en dinero”, insistió Ascheri en su respuesta enviada por escrito, y detalló algo más: “Energy Coal simplemente contrató a especialistas para cada sector específico. La mayoría de las veces estos especialistas fueron elegidos por Pdvsa y no por nosotros, como ocurrió también en el caso del contrato de Sarleaf”.

Así se firmó el contrato. El dinero empezó a fluir y a dejar sus trazas de sospecha. A las autoridades de la sucursal en Miami del Banco Espirito Santo (BES) les pareció sospechoso que Sarleaf, empresa offshore creada con por “motivos de seguridad” para proteger a la familia Ceballos de la exposición pública en Venezuela y evitar el riesgo de una expropiación, recibiera fondos de Pdvsa y otras agencias del gobierno venezolano distintas a las declaradas al momento de abrir la cuenta, pues esta tendría como propósito recibir fondos de la Fundación Misión Che Guevara, realizar pagos a proveedores y servir también para algún tipo de inversión, como explican en el SAR que forma parte de los FinCEN Files.

La Fundación Misión Che Guevara, adscrita al Ministerio para las Comunas y Protección Social, tiene su origen en el programa social ideado por Chávez en 2007 para enseñar oficios y emplear a brigadistas, y que se apoyó en la Gran Misión Vivienda para insertar personal obrero en las construcciones. Según la Memoria y Cuenta de 2014 de este despacho, la fundación tuvo la responsabilidad de apoyar el “Programa de Transformación Integral del Hábitat” de la Misión Vivienda, con la compra de materiales de construcción para culminar la construcción de 3.384 viviendas en 24 estados del país. Según lo recopilado por los oficiales del BES, Sarleaf vendía “tubos estructurales” para las obras de Misión Vivienda y su principal cliente era la Fundación Misión Che Guevara.

Por eso, al recibir cuantiosas sumas de dinero provenientes de Pdvsa sospecharon. Solicitaron documentación a Sarleaf para verificar el origen de esas transacciones y se extrañaron aún más, pues de acuerdo con el contrato revisado -correspondiente al proyecto de Colinas de San Francisco de Yare- debía ser Energy Coal, el ente contratante, quien les pagara, no Pdvsa. Poco a poco fueron hallando inconsistencias.

La oficina del BES en Miami comenzó a revisar las transacciones entrantes y salientes y notaron la “alta velocidad” de los movimientos en poco tiempo. Parte del dinero era enviado a países de alto riesgo como Suiza, un país con severas previsiones de secreto bancario, y grandes cantidades de dólares eran enviadas a contrapartes desconocidas.

En total, un poco más de 262 millones de dólares fueron calificados como “sospechosos”. El chequeo se hizo desde el día que se abrió la cuenta corriente, el 26 de septiembre de 2012, hasta que fue cerrada en enero de 2014. Las operaciones “sospechosas” comenzaron a registrarse seis meses después de haber sido contratada por Pdvsa para construir los edificios en Yare, en abril de 2013, y continuaron hasta enero de 2014. En este período Sarleaf recibió más de 146 millones de dólares de entes del gobierno venezolano vinculados con el mismo proyecto de Yare. Fueron “cantidades muy grandes de dólares”, detalla el SAR.

Casi inmediatamente, Sarleaf comenzó a transferir millones de dólares a varios beneficiarios, incluidas empresas y cuentas bancarias que pertenecían a los Ceballos. De esa cantidad, más de seis millones de dólares fueron enviados a cuentas personales de integrantes de la familia, y 44 millones de dólares a dos empresas de Alejandro Andrés Ceballos, hijo de Alejandro Ceballos Jiménez: 22 millones tuvieron como destino Sidon Enterprise, una compañía registrada en las Islas Vírgenes Británicas, y el resto a una entidad panameña con cuenta bancaria en Suiza, Wexford Services, dedicada a la importación y exportación de productos para el sector construcción.

Los reportes de actividades sospechosas fueron redactados luego de examinar la cuenta bancaria de Sarleaf entre 2012 y 2014. Ya las transacciones habían ocurrido.

Vasos comunicantes con el “dinero K”

Sarleaf Limited fue creada en mayo de 2007. Al frente de la compañía seleccionada por Pdvsa para construir los 1.540 apartamentos en Yare, solían mostrarse unos abogados suizos como propietarios. Entre ellos, un nombre en particular resaltaba: Néstor Marcelo Ramos.

Ramos es un abogado argentino que reside en Suiza desde hace 20 años, conocido en su país por ser el dueño de Helvetic Services Group, una compañía suiza usada por el empresario del kirchnerismo Lázaro Báez para comprar una de las empresas financieras involucradas en “la ruta del dinero K”, con la que pudo blanquear 33 millones de dólares. Por esta maniobra, Báez fue procesado y enfrenta actualmente un juicio en Argentina (aunque recientemente resultó excarcelado, medida que fue recibida entre protestas).

Néstor Ramos, sobre quien desde 2016 pesa una petición de la justicia argentina para ser extraditado, fue director y accionista nominal de Sarleaf entre 2011 y 2013, y luego dejó paso a su sobrino, Javier Vanella, como directivo hasta 2016. En el reporte enviado por el Banco Espirito Santo al Departamento del Tesoro, se indica que los abogados suizos sirvieron como testaferros de Sarleaf para encubrir a sus verdaderos dueños, la familia Ceballos. Además, notaron que desde la cuenta de Sarleaf se envió un pago a Helvetic Services Group, en Suiza, por 75.000 dólares.

Quien daba la cara por Sarleaf en Venezuela era Ramón Mariño Lorenzo, esposo de una de las hermanas de Alejandro Ceballos, es decir, su cuñado. Aún sigue siendo la persona con mayor control de la compañía, como detalla el registro de Reino Unido. En abril de 2015 Sarleaf cambió su nombre a Steeleaf Trading International Limited. Una modificación nominal que no afectó el control de la familia Ceballos sobre ella.

Los funcionarios del banco portugués —finalmente disuelto en 2014 al colapsar sus balances y ser intervenido por los reguladores lusitanos, un derrumbe que abrió varias investigaciones penales sobre irregularidades administrativas y operaciones de sobornos y lavado de dinero relacionadas, en muchos casos, con Venezuela— detectaron una serie de movimientos bancarios en las cuentas de Sarleaf que, en su conjunto, parecían responder a un patrón típico de blanqueo de dinero. Identificaron 29 transferencias salientes por un poco más de 63 millones de dólares a entidades e individuos de la familia Ceballos, compañías de inversión y compañías e individuos desconocidos, así como 37 transferencias internas —sin precisar los destinatarios— por más de 52 millones de dólares.

Las operaciones fueron calificadas por los ejecutivos del BES como “cuestionables” por numerosas “inconsistencias” y algunas de ellas “de naturaleza artificial”. Los ejecutivos que redactaron el reporte para la FinCEN concluyeron que los fondos recibidos en la cuenta de Sarleaf “estaban potencialmente vinculados a la corrupción pública y a la apropiación indebida de fondos gubernamentales o malversación de fondos públicos”. El patrón de pagos y la porción o margen de las transferencias enviadas a miembros de la familia Ceballos parecía “ser excesivo”, agregaron. Sobre esto último el informe detalla que, dos días después de haber llegado una suma considerable a la cuenta, comenzaron las transferencias a individuos de la familia por montos que oscilaban entre los 129.000 y 400.000 dólares, totalizando 6,2 millones de dólares. “El propósito de estas transferencias era indeterminado”, señalaron.

Ceballos Jiménez no respondió a las preguntas específicas del ICIJ enviadas por escrito en agosto, ni atendió las solicitudes de entrevistas que le fueron propuestas tras confirmar la recepción de las preguntas. En un correo electrónico a un reportero del ICIJ citó dificultades para acceder a los documentos debido a la cuarentena por la Covid-19 en Venezuela, y no respondió a los correos electrónicos posteriores que ofrecían extender el plazo de respuesta.

«A la luz de lo que sigue, confirmo la imposibilidad de cumplir con sus peticiones en el tiempo especificado, y confirmo la consideración que se le debe a los periodistas por su coraje, valentía y ética, siempre y cuando su trabajo tenga el respeto a la verdad como su verdadero norte», escribió Ceballos Jiménez. Su hijo, Alejandro Andrés, tampoco respondió a las preguntas enviadas tanto a su empresa, Proyectos y Construcciones 1128, como a Inversiones Alfamaq.

Lea el trabajo completo aquí

(*) Este reportaje contó con la reportería y apoyo de: Sasha Chavkin (ICIJ), Mariel Fitz Patrick (Infobae), Kevin Hall (McClatchy), Antonio María Delgado (Nuevo Herald), Leo Sisti (L’Espresso).

Prorrateando los costos del proyecto, cada apartamento de Colinas de San Francisco de Yare -obra hecha por Inversiones Alfamaq- salió a USD86K. Con eso hoy se compra un apartamento en el sureste de Caracas. Pero hay gente que los vende por USD3K para largarse del Tuy y del país. https://t.co/ptLlG8JNFU

— Ewald Scharfenberg (@Ewalds6) September 25, 2020