Sidney Phillips
La gran mayoría de la población en Venezuela no goza de la suerte de algunos integrantes del chavismo, quienes no son atendidos en los hospitales públicos que el Gobierno socialista pregona estar aptos para la atención de pacientes durante la pandemia, sino en clínicas privadas, donde reciben tratamiento para COVID-19.
Daniel Haro, alcalde chavista de Cantaura, ciudad de la zona oriental de Venezuela, reconoció en un vídeo que con la ayuda de líderes del Gobierno socialista fue trasladado a Caracas, para recibir tratamiento por COVID-19, en el Hospital de Clínicas Caracas, un centro asistencial privado, en el que la atención puede oscilar entre cientos y miles de dólares. En el vídeo el alcalde agradeció a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, dominada por el chavismo; a Aristóbulo Istúriz, Ministro de Educación y también a Pedro Luis Martín Olivares, figura que llamó la atención de muchos en las redes sociales.
En respuesta, algunos venezolanos se han preguntado por qué Haro no fue atendido en un hospital de su zona, como sucede con la mayoría de los ciudadanos comunes, recordando innumerables denuncias por falta de equipamiento y de condiciones adecuadas, que dificultarían la atención de pacientes en el hospital de Cantaura y en la mayoría de los hospitales de Venezuela.
El Hospital de Clínicas Caracas se ha convertido en una referencia obligada, cuando de atención médica a importantes miembros del chavismo se trata.
¿Quién es Pedro Luis Martín Olivares?
En el mes de octubre de 2015 la Fiscalía de los Estados Unidos presentó cargos por narcotráfico contra los expolicías venezolanos de alto rango Pedro Luis Martín Olivares y Jesús Alfredo Itriago, según documentos de la corte.
Los expolicías venezolanos fueron acusados de “conspirar para distribuir sustancias controladas”, delito que conlleva hasta una condena de cadena perpetua si son hallados culpables.
Según la acusación, Martín Olivares e Itriago habrían traficado droga a los Estados Unidos desde Venezuela, Colombia y México, en hechos ocurridos entre 2000 y 2010.
Los cargos contra Itriago, quien fue jefe del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Venezuela, fueron presentados en enero de 2013, mientras que Martín Olivares fue acusado formalmente en abril de 2015.
En ambos casos, la Fiscalía señala que cada uno traficó “cinco kilogramos o más de una mezcla de sustancias en las que se detecta cocaína”.
En el caso de Martín Olivares, se trata de un excolaborador del también encausado exjefe de Inteligencia militar de Venezuela Hugo Carvajal, según se desprende de la documentación en poder de la Fiscalía del Distrito Sur de Florida.
A mediados del año 2014, Hugo Carvajal fue detenido en Aruba a petición de la Fiscalía de los Estados Unidos, que le reclamaban por colaborar en actividades de narcotráfico con la guerrilla colombiana.
Carvajal, que se encontraba en Aruba para ejercer como cónsul y esperaba el correspondiente “placet”, fue liberado horas después y regresó a Venezuela donde recibió el apoyo del Gobierno que calificó el evento como un “secuestro”. No obstante, en 2019 se pronunció contra el Gobierno de Nicolás Maduro, tras huir a España, país al que Estados Unidos solicitó la extradición de Carvajal, extradición que no pudo materializarse, pues Carvajal volvería a desaparecer en veloz huida.
Sancionado por tráfico de drogas
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó el 7 de mayo de 2018 en la lista de narcotraficantes de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) a Pedro Luis Martín Olivares, quien en tiempos de Hugo Chávez fuese jefe de la Unidad de Investigación Financiera y luego director de Contrainteligencia del gobierno venezolano (en la antigua Disip hoy Sebin). Junto con Martín Olivares fueron sancionados —bajo la ley de Designación de Cabecillas Extranjeros en Narcóticos— sus socios, los también venezolanos Walter Alexander del Nogal Márquez y Mario Antonio Rodríguez Espinoza, a quienes señalaron por haber dado soporte material, financiero y tecnológico a los negocios internacionales de droga de Martín Olivares.
Martín Olivares fue, según el Gobierno estadounidense, una figura clave en el uso del espacio aéreo venezolano como una ruta sin restricciones para el movimiento de toneladas de droga. El País señaló que el comunicado de Washington indicó que usó su posición en el Gobierno venezolano para sobornar a funcionarios, hasta el punto de bloquear los radares militares para permitir el paso de aviones cargados con cocaína. También lo acusaron de mantener redes de extorsión y de mover dólares a granel por vía aérea, como método para lavar las ganancias producto de sus negocios ilícitos. Fueron, paradójicamente, los delitos que debía investigar cuando ingresó al organismo de inteligencia venezolano.
La medida supone que cualquier activo de los sancionados en EE UU sería automáticamente congelado, así como 16 empresas venezolanas y otras cuatro panameñas presuntamente utilizadas por los encausados para el blanqueo de capitales. Los sectores en los que operan estas compañías van desde la seguridad privada hasta el transporte pasando por la instalación de productos electrónicos, la compraventa de bienes raíces, la consultoría financiera, la construcción o la elaboración de productos petroleros terminados.
“Esta acción es en respuesta a las extensas actividades de tráfico de drogas y lavado de dinero de Martín. La corrupción sistémica y el colapso del Estado de Derecho son características definitorias del Gobierno de Venezuela “, dijo el secretario del Tesoro de EE UU, Steven Mnuchin. “Negaremos el acceso al sistema financiero de los funcionarios corruptos del régimen venezolano mientras trabajamos con socios internacionales para apoyar al pueblo venezolano en la restauración de la democracia y el retorno a la prosperidad”, agregó en el comunicado.
En 2015 Martín Olivares fue acusado en una corte de Florida de conspirar para distribuir drogas en EE UU. También de posesión —con intención de distribuir— cocaína a bordo de un avión registrado en ese país. Su socio, el empresario Walter Alexander Del Nogal, es señalado como su puente para el tráfico de droga hacia Europa. Estuvo preso en 2008 en Italia, por tráfico de estupefacientes entre Caracas y Palermo (Sicilia). Fue liberado a los cuatro meses.
Un registro en la Internet muestra supuestamente la inclusión de Martín en 2015 en la lista de los más buscados de Interpol, a solicitud de autoridades estadounidenses.
Según el medio venezolano La Patilla, los sancionados en 2018 fueron
Pedro Luis Martín Olivares
Exjefe de la sección de inteligencia financiera de la extinta Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), ahora Servicio de Inteligencia (Sebin).
Martín Olivares se enfrenta desde 2015 en una corte de Florida a una acusación formal por varios cargos de narcotráfico y, además, los Estados Unidos le acusa de haber usado su “posición” en el Gobierno venezolano para facilitar el tráfico de drogas a través del espacio aéreo venezolano.
El Departamento del Tesoro afirmó que Martín Olivares ha trabajado “estrechamente” con varios funcionarios venezolanos para lavar el dinero obtenido de la droga y cita específicamente a Hugo Armando Carvajal Barrios, exdirector de la inteligencia militar considerado el hombre de confianza del fallecido Hugo Chávez.
Walter Alexander Del Nogal Márquez
Del Nogal Márquez es un influyente empresario que, según el Gobierno de los Estados Unidos, se encargaba de ayudar a Martín Olivares en la distribución de drogas y el movimiento de dinero en Europa, así como en el lavado de los ingresos ilícitos de la droga procedentes de Venezuela.
Del Nogal Márquez fue detenido en 2008 en Milán y las autoridades italianas le acusaron de pertenecer a una red criminal dedicada al tráfico de drogas entre Caracas y Sicilia.
Según el Gobierno de EE.UU., Del Nogal Márquez reside en Panamá y es propietario de cuatro empresas panameñas.
Mario Antonio Rodríguez Espinoza
El Gobierno de los Estados Unidos considera a Rodríguez Espinoza como “la mano derecha” de Martín Olivares en Venezuela. Supuestamente le ayudaba a lavar el dinero del narcotráfico y la extorsión, así como a moverlo fuera de Venezuela, según detalló el Departamento del Tesoro en un comunicado.
De 52 años, Rodríguez Espinoza trabajó para el Sebin y es propietario de una de las empresas sancionadas en Venezuela.
16 empresas con sede en Venezuela
De las 20 compañías sancionadas, 16 tienen sede en Venezuela. El Tesoro de EE.UU. afirma que los tres venezolanos usaban esas entidades como “empresas pantalla” para lavar dinero procedente del narcotráfico, aparentando que se dedicaban a la construcción, la seguridad y la consultoría, entre otras actividades.
Entre las empresas sancionadas figura D2 Imagineering, Financial Corporation Fincorp, Grupo Control 2004, así como Inversiones Malamar.
4 compañías en Panamá
Las cuatro empresas sancionadas en Panamá pertenecen al empresario Del Nogal Márquez. El Departamento del Tesoro detalló el nombre de las cuatro: Del Bros Overseas, DMI Trading, Financial Corporation y Vic del Inc.
Según fuentes consultadas por Efe, todas las empresas sancionadas funcionaban como “pantalla” y, por tanto, no se les atribuye ninguna actividad relevante, pues su única función era facilitar el “flujo” de dinero ilícito.
Olivares demanda a testigos
En agosto de 2018 Pedro Luis Martín Olivares presentó dos demandas en el Tribunal de Circuito de Miami-Dade, Martin Olivares, en las que negó cualquier participación en el tráfico de drogas. Como parte de esa negación, presentó una demanda por difamación contra dos narcotraficantes de nivel inferior que dieron su nombre a funcionarios estadounidenses.
La denuncia culpó a los dos hombres, Álvaro Ricardo Nino-Bonilla y Roberto Méndez Hurtado, por la acusación y arresto de Martín Olivares en un caso pendiente de tráfico de drogas en los Estados Unidos.
“Nunca ha sido arrestado [anteriormente], nunca ha sido acusado de ningún delito, y dos personas que le son extrañas están diciendo todo tipo de cosas incendiarias”, dijo David Masey, un abogado de Coral Gables que representa a Martin Olivares. “Su vida se derrumba y está tratando de defenderse. Ha sido una verdadera lucha”.
El caso es una mancha negra para uno de los principales oficiales de inteligencia de Venezuela, que ahora enfrenta cadena perpetua. Martín Olivares se desempeñó anteriormente como jefe de inteligencia financiera de la Dirección Nacional de Servicios de Inteligencia y Prevención, el equivalente venezolano del FBI.
Las demandas por difamación presentadas por Martín Olivares dicen que dos de los testigos del gobierno, Méndez Hurtado y Nino Bonilla, mintieron cuando les dijeron a los investigadores sobre su relación con el narcotráfico.
“El señor Martín Olivares niega cualquier vinculación con la organización Hurtado o con el narcotráfico”, dijo en respuesta.
Méndez Hurtado, quien fue sentenciado a 19 años por tráfico de drogas, cumple su condena en una prisión de Mississippi, con fecha de liberación de 2028. Nino-Bonilla originalmente fue sentenciado a poco más de nueve años, pero recibió una pena de prisión reducida de aproximadamente 5.5 años. A cambio de cooperar con los investigadores, los registros federales muestran que fue liberado de la custodia en enero de 2017.
Aunque los dos son los únicos testigos demandados por Martín Olivares, las transcripciones de la corte federal indican que varios testigos dieron su nombre a los federales durante la investigación. Masey dijo que su cliente podría presentar quejas adicionales.
“Cualquiera que podamos identificar que diga algo difamatorio sobre mi cliente, creo que buscará justicia para limpiar su buen nombre”, dijo Masey.
En la lista de los más buscados por la DEA
Pero ni las demandas, ni los argumentos de Martín Olivares han impedido que siga figurando en la lista de los más buscados de la Administración para el Control de Drogas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DEA) por sus siglas en inglés.
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