En la imagen, Baltasar Garzón
El 4 de agosto de 2016 el diario español ABC, con la firma del periodista Emili J Blasco publicó una información según la cual el ex magistrado español Baltasar Garzón habría sido contratado por el gobierno de Maduro para cuestionar los procedimientos que en Estados Unidos eran llevados a cabo contra funcionarios civiles y militares de Venezuela, así como también contra sus allegados y familiares (caso de los narco sobrinos).
Dice el informe que el ex magistrado español llegó de muy bajo perfil a la isla de Margarita (en Venezuela) el 28 de Julio de 2016 en un avión privado procedente de República Dominicana, lo acompañaban Abel Torres Serrano (español) y Carlos Eduardo Urbano (venezolano, hoy prófugo de la justicia de Venezuela por desfalcar a Petróleos de Venezuela -PDVSA- mediante contrataciones con sobreprecio) propietario de la aeronave al pie de la cual estaba esperando Hugo (pollo) Carvajal en un automóvil de la gobernación que ejercía el también general Carlos Mata Figueroa quien dio todas las facilidades para aquel encuentro tal como escoltas oficiales y unos lujosos apartamentos donde mantuvieron intensas reuniones durante dos días pues el 30 del mismo mes de julio la aeronave despegó con sus mismos pasajeros, señaló el mismo año el abogado venezolano Carlos Ramírez López.
El exgeneral venezolano Hugo Carvajal, exjefe de la inteligencia militar de Venezuela, hoy buscado en España para ser extraditado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico, intentaba construir una vida paralela para irse a escondidas de Venezuela y escapar a la acción de la justicia nacional e internacional. La Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), ha ofrecido una recompensa de $ 10 millones por información que conduzca a la captura de Hugo Carvajal.
“Baltasar Garzón en resumen lo que está haciendo es elaborando una estrategia legal para lograr impunidad extra territorial a estos personajes y esa estrategia entre otros aspectos incluye el cambio de identidad y aquí les muestro la prueba: El pollo Carvajal, de HUGO ARMANDO CARVAJAL BARRIOS ahora pasó a llamarse HUGO ARMANDO PECK PECK, y su esposa, de GLADYS COROMOTO SEGOVIA DE CARVAJAL pasó a ser GLADYS COROMOTO SEGOVIA DE PECK, y todo “legalmente”, vean como lo hicieron”, informó el abogado Carlos Ramírez López.
El 19 de Diciembre de 2012 el Juzgado Primero del Municipio Bolívar de Anzoátegui en expediente número BP02 –S-2012–002236 ordenó la rectificación judicial del acta de nacimiento del hijo del pollo de nombre JOSÉ ARMANDO CARVAJAL SEGOVIA
ESTA RECTIFICACIÓN DE PARTIDA ES ILEGAL, DELICTIVA, FRAUDULENTA
La rectificación la piden para el acta de nacimiento del hijo, pero quien se cambia los apellidos son los padres.
La rectificación de partida no es para cambiar apellidos, sino el nombre.
El acta de nacimiento del hijo de Carvajal se asentó en Municipio Turén del Estado Portuguesa porque el niño nació en Acarigua, pero piden su rectificación en el Municipio Simón Bolívar de Anzoátegui, y por si fuera poco, lo que rectifican es los apellidos de los padres que de Carvajal pasan a ser PECK:
LA FAMILIA ABANDONA EL APELLIDO CARVAJAL:
1) Hugo “Pollo” Carvajal ahora es Hugo Armando Peck Peck
2) Gladys Coromoto Segovia de Carvajal ahora es Gladys
Coromoto Segovia de Peck
3) El hijo José Armando Carvajal ahora es José Armando Peck
4) La hija Maireth Alejandra Carvajal ahora es Maireth Alejandra Peck Segvia
Y TODOS TIENEN NUEVAS CÉDULAS DE IDENTIDAD Y NUEVOS PASAPORTES COMO FAMILIA PECK
Garzón cobró 1,85 millones por asesorar al presunto narcotraficante Hugo Carvajal
Ilocad S.L., el despacho del exjuez Baltasar Garzón, facturó a la sociedad panameña Maroil Trading 1.850.000 euros durante la segunda mitad del año 2016, según los documentos a los que ha tenido acceso ABC. La mercantil es una de las empresas del venezolano Wilmer Ruperti, magnate del transporte marítimo y de los medios de comunicación y un destacado «boliburgués», los empresarios que hicieron o incrementaron su fortuna con el chavismo, reseñó ABC.
Lo llamativo de estos pagos es que responden a un contrato cuyo objeto es elaborar «un informe independiente sobre el origen, desarrollo, consistencia (…) sobre las investigaciones abiertas en Estados Unidos de los casos que afectan a quien fuera director de los servicios de inteligencia de Venezuela, Hugo Carvajal». Estados Unidos reclamaba al general retirado Hugo Carvajal (ver información adjunta) por narcotráfico, entre otros delitos.
El contrato fue suscrito el 17 de junio de 2016 por el propio Wilmer Ruperti, en representación de Maroil Trading Inc., y, el número dos de Garzón, Ricardo Arranz, director de Oficina y responsable del área Civil y Mercantil de Ilocad (International Legal Office for Cooperation & Development).
La «hoja de encargo de servicios jurídicos» no consistía en que Garzón o alguien de su equipo se convirtiera en abogado de Carvajal, sino en diseñar la estrategia de su defensa. El contrato se dividía en cinco bloques que suman 2,95 millones de euros. Solo tres meses después, en septiembre, cuando ya se habían realizado los primeros pagos, la petrolera estatal venezolana, Pdvsa, anunció que adjudicaba a la misma empresa, Maroil Trading Inc, un contrato de 138 millones de dólares.
Según la información que publicó Reuters, la adjudicación era para «remover una gran cantidad de coque de petróleo ubicado en uno de sus terminales» (de Pdvsa). «El coque, un producto que resulta de mejorar el crudo pesado de la Faja del Orinoco, se ha acumulado rápidamente en el terminal, ubicado en la costa oriental venezolana, desde que un incendio en el 2009 obligó a detener sus exportaciones», añadía la agencia.
De este modo, en el mismo tiempo –y en plena crisis venezolana– que una empresa de Wilmer Ruperti recibía un contrato millonario de la petrolera estatal, esa misma compañía pagaba a Garzón la estrategia de defensa del exjefe del espionaje chavista.
Controversial en Argentina
El papel de Garzón durante la persecución contra periodistas y militantes de la independencia vasca y su rol como asesor de los presidentes Uribe y Santos para la supuesta desmovilización paramilitar en Colombia, forman parte de algunas de sus contoversias.
El exjuez Baltasar Garzón fue motivo de protestas en su contra de ciudadanos en Argentina en 2013. El hecho levanto miles de comentarios, adhesiones y algunas quejas.
Según aseguró en 2013 la revista argentina Sudestada, “el de Garzón es un caso típico de lo que puede generar una campaña mediática destinada a tergiversar la realidad y convertir en defensor de derechos humanos a quien los ha violado hasta el hartazgo. Garzón es un “invento” de aquellos que atacan de mil maneras, casi todas ellas represivas, a los que luchan por la libertad y la independencia, llámense vascos, catalanes, gallegos, colombianos, o rebeldes y contestatarios de las más diversas latitudes”.
Sudestada deja claro que “sobre todos ellos, Garzón ha operado (y opera) con su doctrina represiva, generando, en algunos casos, masivas detenciones de jóvenes luchadores, a quienes la policía torturó de manera similar a lo que aquí (Argentina) ocurrió en la ESMA, en La Perla o en Automotores Orletti”.
Defensor del empresario de Alex Saab, arrestado en Cabo Verde
El despacho de abogados del ex juez español Baltasar Garzón, ILOCAD, ha anunciado que asumió la defensa de Álex Saab, el empresario colombiano-venezolano acusado de ser el testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para dar “una batalla política y jurídica”.
“ILOCAD ha asumido la coordinación del equipo internacional de defensa de Álex Saab, detenido en Cabo Verde y acusado de lavado de dinero por parte de Estados Unidos”, ha informado el International Legal Office for Cooperation and Development en un comunicado.
El despacho de Garzón ha considerado que “existen claros indicios de que se están vulnerando derechos fundamentales por parte del Gobierno estadounidense”, así como “evidencias” de que “se puede estar incurriendo en malas prácticas por parte de las autoridades norteamericanas”.
En su opinión, “el señor Saab se ha visto perjudicado por una serie de irregularidades, tales como una clara falta de proporcionalidad en la acusación, la falta del derecho al debido proceso y las garantías procesales, en caso de ser extraditado a Estados Unidos”.
A este respecto, ha advertido de que, “en caso de ser extraditado a Estados Unidos, el señor Saab es susceptible de sufrir una situación de tortura o trato cruel, inhumano o degradante, fruto de ser sometido a un proceso penal eminentemente político”, por lo que “se podrían producir daños a la integridad física y psíquica”.
ILOCAD ha sostenido que “muchas de las acciones judiciales en Estados Unidos están condicionadas por los intereses políticos y diplomáticos del Ejecutivo, motivo por el cual se están instrumentalizando para presionar a Venezuela en el plano político internacional”.
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