Por esto sus compatriotas dudan de las acciones de Luisa Ortega Díaz, la fiscal de Venezuela en el exilio

El 2 de diciembre de 2019, Luisa Ortega Díaz, a quien algunos países y la oposición venezolana reconocen como fiscal general de Venezuela en el exilio, envió una carta a Juan Guaidó, en su condición de presidente encargado de Venezuela, como es reconocido por varias decenas de naciones. Allí, Ortega solicitó copias certificadas de expedientes, registros documentales y comunicaciones emitidas por la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional de Venezuela, desde 2017 hasta 2019, en el marco de la colaboración institucional entre poderes públicos, prevista en la Constitución venezolana.

En la misma carta Ortega señaló que el petitorio se daba en el marco de la investigación penal iniciada por el Ministerio Público a su cargo, en virtud de los presuntos hechos de corrupción en los que incurrieron diputados miembros de la comisión parlamentaria. Esto después que aparecieran documentos firmados por asambleístas que certificaban que el empresario Alex Saab y su testaferro Carlos Lizcano no estaban relacionados con empresas incursas en corrupción con la venta de alimentos al Estado venezolano.

No obstante, algunos de sus compatriotas ponen en duda la rectitud de la llamada “fiscal general en el exilio”, pues estos acusan a Ortega de haber ocultado en el pasado pruebas contra Alex Saab. En fecha más reciente, han dicho igual de Ortega, señalándola de participar en una operación para proteger a los empresarios venezolanos Axel Capriles y Miguel Ángel Capriles López, quienes han extendido sus inversiones al negocio del ladrillo en España, a la sazón de la opacidad de los negocios que les permitieron a los Capriles labrarse una fortuna en Venezuela, gracias al chavismo.