El contrato de la comida para el sistema penitenciario panameño era de $ 200 millones, pero pudiera ascender a $ 300 millones en diciembre próximo con su otorgamiento a una empresa colombiana. Según han dicho personas con conocimiento de la situación, el ministro de seguridad Rolando Mirones,buscaría la buena pro del presidente Laurentino Cortizo para que el sistema carcelario pase a estar adscrito al Ministerio de Seguridad.
En otro orden de ideas, se habla de un contrato firmado por el ministro de obras públicas panameño, Rafael Sabonge, para la construcción de una carretera en Santiago, capital de la provincia de Veraguas, que le fue entregado a una empresa subcontratista de Odebrecht, antes que se aprobara una modificación a la Ley de Contrataciones Públicas, que lo prohibiría. La empresa pertenecería a un millonario dominicano y se afirma que el tema estuvo en la agenda del presidente Laurentino Cortizo en un viaje que realizó a República Dominicana en junio pasado, en donde conversó con su homólogo dominicano Danilo Medina, quien sería amigo del propietario de la compañía constructora.
Tanto el caso del contrato penitenciario, como el de la construcción de la carretera, son a juicio de algunos panameños, una pequeña muestra de los negocios opacos que se estarían gestando en el gobierno de Cortizo, al mismo tiempo que catalogan al mandatario y a su ministro de seguridad, Rolando Mirones, como iguales o peores que sus predecesores.
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