Un incendio, el arresto de unos fiscales y la traición de un dirigente chavista confluyen en una misma historia
El Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Venezuela detuvo recientemente por un caso de extorsión y sobornos, a la fiscal 42 con competencia nacional, Berlice Moya, así como a la fiscal III Yuli Brazón, al ex-fiscal 16 Eloy Armas, y a Antonio Armas, ex-concejal del municipio Peñalver de la provincia de Anzoátegui.
Las pesquisas pudieron determinar que todos estos estaban confabulados con una asesora Jurídica de Petróleos de Venezuela (PDVSA), de nombre Amarilis Arrieta.
Al parecer en investigaciones realizadas por la fiscalía de Venezuela por el caso de un incendio sucedido en la citada provincia, que tuvo como resultado 4 personas muertas, se determinó que había responsabilidad penal por el hecho, pues el incidente fue causado por la negligencia de funcionarios de PDVSA que permitieron la acumulación de líquidos inflamables en las cercanías de un puerto adyacente a una zona denominada El Chaure, donde se produjo el incendio, con los resultados antes señalados.
Los funcionarios del Ministerio Público arrestados presuntamente habían acordado con empleados de Petróleos de Venezuela desechar las pruebas obtenidas, a cambio de una fuerte suma de dinero, la cual accedieron a pagar, pero de modo controlado por agentes del CONAS, resultando detenido infraganti el ex-concejal Antonio Armas.
Según personas con conocimiento de la situación, Antonio Armas es socio y compadre de Ángel Luis Rodríguez, dirigente del chavista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), a quien al parecer le habría estafado una suma considerable de dólares.
Fue así que, según cuentan, al enterarse de la extorsión, el dirigente chavista decidió traicionar a su socio, en represalia por la estafa.
El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, fijó como sitio de reclusión de los arrestados, la cárcel de La Pica en la provincia de Monagas.
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