Armando Info: Con estos guantes se extirparon millones de un paciente moribundo | Venezuela

domingo, 22 septiembre, 2019domingo, 22 septiembre, 2019 expresaSE 0 comentarios

En 2016 Venezuela galopaba hacia la hiperinflación y la crisis hospitalaria comenzaba a pintar sus escenarios más crudos, con pacientes cada vez más pobres encargados de comprar hasta la gasa para ser atendidos. Aún así algunos doctores trastocaron en improvisados empresarios que lograron venderle al estado -a través de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior- varios lotes de guantes y material médico quirúrgico 20 veces por encima del precio del mercado. En todos los casos, los productos tuvieron que cruzar al menos tres fronteras: salieron del país donde fueron fabricados para llegar al del intermediario, que luego los envió a El Salvador antes de su final arribo a Venezuela. La carga estaba valorada en 500 mil dólares pero la revolución bolivariana decidió pagar 11 millones de dólares.

La década pasada fue una buena época para ser médico en Venezuela, y no tan mala para ser paciente. Así lo explica el cirujano Jaime Lorenzo, un médico con casi 30 años de ejercicio, mientras descansa en uno de los pasillos del hospital de Caracas donde trabaja.

En aquel entonces, gracias a acuerdos internacionales con países como Argentina, llegaron equipamientos médicos nunca antes vistos en Venezuela, como la litrotricia intracorpórea, que permitía eliminar los cálculos renales en una sola sesión y sin anestesia. Por un momento los servicios de salud en el país parecían mejorar, y la esperanza era posible para los más de 15 millones de venezolanos dependientes del sistema público de salud.

—Ahora es diferente, como si se tratara de países distintos —dice Lorenzo, los ojos verdes siempre vivos, frustrado porque hoy, de nuevo, no podrá realizar una cirugía—. Imagínese, en este momento yo debería estar operando, pero estoy hablando con usted.

La crisis es el escenario donde las vocaciones se prueban. Y él, como todo el sistema de salud en su país, ha vivido su propia crisis. Esta inició, calcula, hace unos cinco años. Antes, cuando a un paciente se le programaba una operación y se carecía de un insumo acaso muy rebuscado, como una prótesis de rodilla o una malla para la reparación de una hernia, el paciente podía adquirirlo por su cuenta. La lista de cosas para comprar consistía, casi siempre, en un solo elemento.

En 2014 el precio del barril de petróleo —la base de la economía venezolana— cayó a 57 dólares (en 2012 estuvo a 107). Para el año siguiente, 2015, la salud fue una de las sacrificadas en el presupuesto general: pasó de significar el 3.1% del gasto total del gobierno a 1.9%, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Desde entonces, la lista que comenzó a darse a los pacientes empezó a incluir todo tipo de cosas, no solo para operar. A ella se añadieron los insumos más básicos (hojas de bisturí, sueros hospitalarios), aquellos que debería tener siempre en sus bodegas un centro médico urbano —como el hospital de Caracas donde Lorenzo trabaja— para funcionar con normalidad. Y cuando la escasez se hizo más profunda, hasta los guantes quirúrgicos faltaban con frecuencia.

La lista se convirtió en una mala noticia para los más pobres, quienes no tienen más remedio que acudir al sistema público. Los insumos básicos para una intervención quirúrgica equivaldría al día de hoy al salario de ocho meses, lo que significa que una familia tendría que destinar lo que comúnmente usaría en comida para comprarle a un privado (o al mercado negro) un insumo que el gobierno podía —y debía— darle. Si faltan los guantes quirúrgicos, es porque falta todo lo demás.

Para el público internacional, Venezuela es hoy sinónimo de escasez. De apagones. De hambre. De un lugar en el que todo falta. Y se habla tanto de esto y de forma tan impersonal que parece un fenómeno ubicuo, fatal. Como si hubiera llegado de la nada. Lo cierto es que lleva años cocinándose entre varios ingredientes, como la dependencia casi exclusiva al petróleo. Otro de ellos es la corrupción, que tuvo una de sus caras más polémicas en la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), que dirigió la entrega de dólares preferenciales para importaciones entre 2003 y 2012. A su sombra se desviaron miles de millones de dólares.

Para frenar la situación de descontrol creada por Cadivi y paliar una escasez cada vez más manifiesta, el gobierno de Nicolás Maduro creó en marzo de 2014, a solo unos meses de haber asumido el poder, la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), que se encargaría de centralizar la totalidad de las importaciones del sector público, desde papel higiénico hasta medicinas.

En teoría, su misión es la de «organizar y garantizar las importaciones para cubrir las necesidades del país». La idea era que, al realizar compras en volúmenes mucho mayores, se pudieran lograr mejores precios y, con eso, surtir, por ejemplo, con más medicinas a los más de 14 millones de personas que, actualmente, solo pueden recurrir al sistema público de salud.

Pero es la misma Corpovex, la dichosa solución para la escasez creada por el gobierno de Nicolás Maduro, la que está ahora al centro del problema señalado por el doctor Jaime Lorenzo. Sobre todo, por el «mal ojo para los negocios» que parecen tener sus encargados.

Para muestra, si el lugar común es tolerable, hay un botón: un trato por el que un encargado de adquisiciones podría ser despedido en cualquier empresa privada. Uno en el que se compró un insumo médico tan básico, como los guantes quirúrgicos, a más de 10 veces su precio internacional.

El juego de los intermediarios

Diciembre, 2016. Un barco parte rumbo a Venezuela desde El Salvador, Centroamérica, con un paquete de 17 mil pares de guantes quirúrgicos fabricados en Malasia. Un trámite que no sería raro si no fuera por este detalle: el gobierno de Maduro, a través de Corpovex, pagó más de 44 mil dólares por ese paquete: 2,60 dólares por cada par de guantes, 30% más que el salario mínimo de un venezolano.

El negocio, para Venezuela, no puede ser más desventajoso. Naciones vecinas, como Colombia o Perú, consiguen el par por 25 centavos de dólar y en compras mucho más pequeñas, gestionadas por hospitales individuales y no por un monstruo como Corpovex, con la capacidad para adquirir los productos por decenas de toneladas y desde la fábrica. Sin mayor explicación y contra toda lógica económica, la entidad venezolana se inclinó por la oferta más cara haciendo el trato con un pequeño intermediario que no era ni siquiera salvadoreño, sino de Puerto Rico: los 17 mil pares de guantes tuvieron que cruzar al menos tres fronteras (Malasia, Puerto Rico, El Salvador) antes de llegar a Venezuela.

Los insumos médicos vendidos por las cuatro compañías no eran rebuscados: están entre aquellos que todo centro de salud debe tener siempre, por lo que no se justifica su sobreprecio. / Composición: Salud con lupa

Este es solo uno de los casos identificados en un esquema de compras con sobreprecio que involucran a cuatro empresas extranjeras intermediarias que vendieron a Corpovex, vía El Salvador, al menos 11,3 millones de dólares entre 2016 y 2018. La entidad venezolana desembolsó 20 veces más que las instituciones públicas de El Salvador, Colombia, Perú y Guatemala por los mismos productos, entre los que se incluyen mascarillas de oxígeno, catéteres, sondas foley: nada rebuscado, sino insumos que todo centro de salud debe tener siempre disponibles para funcionar con normalidad.

Las cuatro compañías funcionaron solo como intermediarias: estas no fabricaron ninguno de los insumos médicos, que provenían de países como China, Malasia, Camboya, México o Uruguay. De este modo, debido a su paso por El Salvador, los productos tuvieron que cruzar, en cada caso, al menos tres fronteras antes de arribar a Venezuela.

Y este parece ser solo uno de tantos esquemas: la Red de Ejecución de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés) advirtió en septiembre de 2017 que Corpovex estaba al centro de negocios irregulares, en los que la marca común eran las compras a precios muy superiores que los de la referencia internacional.

Al conocer estos negocios, el fenómeno de la escasez de insumos médicos en Venezuela deja de ser ubicuo y fatal. Comienza a tener un rostro: el de quienes se benefician a costa de ella para llenar sus bolsillos de dinero.

Los nombres tras el negocio

Walter Baumgartner es desde 2006 profesor del Complejo Hospitalario Dr. José Ignacio Baldó, más conocido como El Algodonal, en el municipio Libertador, al oeste de Caracas. Es, por tanto, empleado del Ministerio del Poder Popular para la Salud, una de las instituciones a las que Corpovex surte de productos. Baumgartner también está detrás de la empresa panameña Santek Pharma, que vendió a esta entidad 581 mil dólares en insumos médicos sobrevalorados.

Su importancia en el esquema va más allá de lo enviado. Constituye una especie de nexo entre Venezuela y las otras compañías de la operación. Cuenta con una subsidiaria en El Salvador que recibe los productos para alojarlos en su bodega y que luego contrata a una sociedad local, EFI Logistics, para que se encargue de la exportación final al país sudamericano.

Al invertir hasta 20 veces más en los productos básicos enviados por las empresas de este esquema, el país se queda sin la posibilidad de adquirir otros insumos. A eso asiente el urólogo Simón Paz desde su consultorio privado en Caracas. Su voz de barítono, de ritmo pausado y firme, parece hecha para dosificar hasta las peores noticias.

Algo que en su trabajo en el Hospital Oncológico Luis Razetti, de la capital, debe hacer a diario, pues este centro solo es capaz de surtir el 30% de las quimioterapias requeridas por sus pacientes. Y adolece de casi todo, incluso de lo más básico (suturas, gasas), como la mayor parte de los hospitales públicos en Venezuela.

—El residente se encuentra de brazos cruzados al no contar con el instrumental adecuado —dice Paz—. Pero uno siempre trata de buscarle la solución tratando de improvisar. Está en juego lo más importante, que es la dignidad del paciente.

Y esa improvisación se traduce, muchas veces, en lavar minuciosamente material desechable, como algunos tipos de sonda, para usarlo en más de un paciente. O en recurrir a bibliografía anterior a los años 70, o al consejo de doctores en retiro, para buscar soluciones a problemas que tenían décadas superados.

Santek Pharma, la empresa panameña de Baumgartner, el profesor del hospital de El Algodonal, tiene mucho de offshore y parece creada para que no sea fácil descubrir quiénes son sus verdaderos beneficiarios.

Su dirección legal está en el primer piso del edificio Omega, en la capital de Panamá. Es la misma de Rodrigo Molina Ortega y Asociados, el bufete de abogados que la constituyó en 2015 y que colocó a algunos de sus empleados como accionistas de la sociedad y como miembros de su junta directiva. Sin embargo, puede saberse sobre sus beneficiarios cuando se revisa el apartado de apoderados. Walter Baumgartner es uno de ellos.

El puertorriqueño beneficiado por el chavismo

Rolando Fernández ama el vino. Casi en cada una de las 813 fotos subidas a su Instagram, the_wine_list, el ardiente líquido es el protagonista. No es casual: se trata del producto estrella entre todos los que comercializa su empresa, Labraterra. Los hay de todas las regiones del mundo.

Hasta hace muy poco, este puertorriqueño de 52 años se ganaba la vida de una manera muy diferente a la que ahora le permite lucirse junto a cientos de botellas. Su rubro, entonces, era la salud. Y las dos sociedades con las que participaba eran sinónimo de sobreprecio.

Fernández fue el único accionista de dos compañías domiciliadas en la isla, MedLatin Group y MCare Solutions, que formaron parte del esquema identificado por Salud con lupa, en el que cuatro empresas enviaron a Corpovex más de 11 millones de dólares en insumos médicos sobrevalorados. Fueron 8,7 y 1,6 millones de dólares respectivamente.

Ambas reportaron ganancias hasta que se comenzaron a hacer los envíos y fueron disueltas cuando estos cesaron, en 2018, según el Registro de Corporaciones de Puerto Rico.

El puertorriqueño Rolando Fernández posa frente a un viñedo en Saint-Emilion, una pequeña ciudad cerca de Bordeaux, Francia, en octubre de 2016, año en el que se dieron los primeros envíos a Corpovex. / Foto: Instagram de Rolando Fernández

Rolando Fernández tiene una larga relación comercial con el gobierno de Venezuela, que comenzó en los 90 a través de la empresa Meditec Venezuela, de la que controla el 97 % de las acciones desde el 2003. Entre 2004 y 2012, la compañía recibió casi 74 millones en dólares preferenciales de Cadivi, que entregaba dinero al cambio más ventajoso a, entre otras, sociedades farmacéuticas escogidas a dedo para que compraran en el extranjero productos que escaseaban en Venezuela.

Existe otra empresa en el esquema, OEG Internacional, domiciliada en Florida, Estados Unidos, que envió 275 mil dólares. Creada también en 2015, tiene mucho de empresa de maletín: su dirección legal es una bodega en Miami a la que otras 50 compañías señalan como sede. Entre sus agentes hay personas que ocupan el mismo puesto en cientos de sociedades creadas en ese estado de Norteamérica.

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