CRUZ MORCILLO / PABLO MUÑOZ
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El 2 de abril de 2011 dos directivos de Banca Privada de Andorra (BPA) aterrizaban en Moscú. Allí les esperaba un coche para trasladarlos al hotel Ritz Carlton, un cinco estrellas acorde con la reunión que iban a mantener. Los gastos los pagó su anfitrión: Victor Kanaikin, un exgeneral ruso, director general de la empresa Spetsneftegaz, dedicada a vigilar los gasoductos de la todopoderosa compañía Gazprom. Kanaikin era el jefe de un cliente –Andrei Petrov– con el que los dos altos cargos de BPA mantenían trato privilegiado. Petrov, afincado en Lloret de Mar (Gerona), actuaba como hombre de confianza de Kanaikin y sus socios para sus inversiones en España. ElBPA era la entidad elegida para transferir fondos millonarios. Ninguno de los asistentes a la cita lo sabía, pero la operación Clotilde (enero de 2013) contra una rama de crimen organizado ruso y corrupción en Cataluña estaba en marcha.
Los ejecutivos que viajaron a Moscú eran Santiago Roselló, director financiero del banco andorrano, y Pablo Laplana, subdirector general del área internacional. Este último había sido detenido nueve meses antes por la Policía del Principado acusado de blanquear dinero de la droga. El dinero lavado pertenecía, entre otros, a Norman Danilo Puerta Valera, un excomisario venezolano, que había sido mano derecha del hermano de Hugo Chávez al frente del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas, y que tenía cuenta en ese banco desde 2007. Al parecec los fondos blanqueados procedían de su etapa en activo.
Le imputaban que el dinero, más de un millón de euros, procedía del narcotráfico, motivo por el que la DEA estadounidense le seguía la pista. Laplana no entró en prisión y volvió a su puesto, combinando el trato con dudosos inversores venezolanos entre los que extendió su influencia –clientes de riesgo no catalogados como tales– con miembros del crimen organizado ruso, de la mano de Roselló.
El trato con los rusos era tan habitual e intenso que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco pidió a Andorra que interviniera su teléfono así como el de otro directivo, Francisco Javier Campos. Según la comisión rogatoria enviada, Roselló supervisaba «personalmente» las cuentas bancarias del grupo criminal y su relación con Petrov era «muy estrecha» debido a «la actividad bancaria generada por la organización en la BPA».
«Se ha convertido en asesor de la organización», señalaba la Guardia Civil, «cuya finalidad es blanquear los inmensos capitales procedentes en principio de Rusia a través de distintos paraísos fiscales de la forma más eficiente y discreta». El directivo conocía tanto la estructura jerarquizada del grupo criminal –viajó hasta cinco veces a Rusia, solo o con otros colegas del banco-, como la societaria y sus ilícitas actividades.
Desde Letonia y Chipre
El exgeneral Kanaikin, como representante legal de la sociedad Development Diagnostic Company (DDC), administrada por Petrov, tenía en BPA en 2013 hasta 44,2 millones de euros entre saldo, acciones, fondos y otros depósitos, según recoge el informe enviado a la Audiencia Nacional por la Policía andorrana. El dinero llegaba mediante transferencias procedentes de un banco de Letonia (cuarenta millones en solo medio año) y paraísos fiscales como Chipre. La trama tenía colaboradores situados «estratégicamente» en países como Islas Seychelles, República Checa, Andorra, Chipre e Islas Vírgenes británicas, encargados del movimiento de capitales a través de empresas, sociedades o fundaciones en esos países.
Roselló asesoraba a Petrov y al resto de la trama criminal en todos los asuntos financieros importantes. Así, le puso en contacto con directivos de Banco Madrid como Rafael Valera (director general adjunto) o Ignacio Vyayna Cardona (director de Banco Madrid para la zona de Cataluña) con el fin de obtener un crédio. Para él, la organización era «un cliente privilegiado», hasta el punto de que pese a su relevante cargo estaba a disposición del grupo e incluso se desplazaba él a Cataluña cuando Andrei Petrov necesitaba reunirse y no podía «ir de excursión» a Andorra, como se referían a esos traslados en las escuchas telefónicas.
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