Carlos Ramírez López
PD América
El 5 de marzo de 2018, el poderoso abogado neoyorquino David Boies (el mismo que encabezó la defensa de los narcosobrinos por encargo de Wilmer Ruperti), actuando en nombre de US Pdvsa Litigation Trust lanzó su demanda como una bomba en la Corte del Distrito Sur de Florida. En ese escrito de 60 páginas relató los detalles de un crimen contra un país, Venezuela, que se inició en el año 2004 y todavía continúa, según explica.
Acusa de ello a una banda de hampones formada por empleados de Pdvsa y empresarios de la industria de hidrocarburos en distintas partes del mundo. Eran 42 los demandados, entre ellos 3 bancos: BAC Florida Banco; EFG International ASG y Banco Azul International NV. Pocos días después el medio internacional de noticias Bloomberg.com publicó una entrevista al demandante, quien dio los detalles y agregó que se trataba de un conflicto por más de 10.000 millones de dólares.
Cómo prepararon esto
Crearon una persona jurídica denominada US Pdvsa Litigation Trust, a la que el entonces presidente de la petrolera venezolana, Nelson Martínez, y el falso procurador de Venezuela, Reinaldo Muñoz Pedroza, cedieron los derechos de recuperar y disponer de esos dineros robados. En dicho documento se asignaron retribuciones que alcanzaron a casi 80% de lo que se lograr recuperar a abogados y a financistas de los juicios que se intentaran. Para esa actividad se contrataron los servicios del bufete norteamericano Boies Schiller, pero según el contrato la mayor parte de lo que se recuperara sería repartido entre los beneficiarios asignados y solo una pequeña porción se devolvería a Pdvsa. En resumen, le quitarían el botín a los ladrones para repartírselo entre los que lo recuperaran.
El juez dudó de la firma del presidente de Pdvsa
El magistrado de la Corte Federal de Florida que tenía el caso dudaba de que el entonces presidente de Pdvsa, Nelson Martínez, hubiese firmado aquel documento y entonces pidió prueba. Pero en Venezuela, temerosos de que el hombre fuera a negarse, lo metieron preso en el cuartel de la policía militar Dgcim el 30 de noviembre de 2017. Al día siguiente le llevaron un notario a la prisión para que ratificara la firma. Inmediatamente volaron a Miami y presentaron ese documento en la Corte donde el juez observó sorprendido, y no era para menos, que al principal testigo de un caso tan fuerte, y cuya firma era la que lo validaba, lo tenían preso, no podía ir a declarar ante él, y para suplir tal deficiencia lo que le traían era una supuesta acta de un supuesto notario, que decía haberlo interrogado en el calabozo y allí en situación de evidente presión y sin asistencia de abogado aparece diciendo “sí, esa es mi firma”.
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