Esposo de nueva directora del Servicio de Migración de Panamá estuvo acusado por tráfico de armas

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Samira Gozaine es la directora del Servicio de Migración de Panamá, designada por el nuevo presidente Laurentino Cortizo.

La designación de Gozaine ha estado rodeada de controversia, por ser esposa de Ricaute Grajales, un empresario que años atrás fuera blanco de un escándalo por contrabando de armas.

Internautas no han pasado por alto la presencia de ambos esposos en el órgano encargado en Panamá de los asuntos migratorios y han dicho:

«VAYA VAYA!! SORPRESA!! Ya Samira Gozaine @Gozainesamira llegó fuerte con su amado esposo RICAUTE GRAJALES, PROCESADO POR TRÁFICO ILEGAL DE ARMAS. Ya se les ve trabajando Juntos en el Servicio de Migración de Panamá @migracionpanama. Pregunta!!! Que hace este sujeto allí!! .»

Según reseñó la web panameña En Segundos en 2017, Grajales fue protagonista en una investigación por la importación de 400 pistolas de contrabando durante la administración Martinelli. Poco después el gobierno de Juan Carlos Varela le compró armas por 4 millones de dólares. Aquí la reseña de 2017:

Ricaute “Pochi” Grajales ha sabido donde apuntar para impactar su objetivo. Hoy esta en problemas con la justicia, que lo vincula al tráfico de armas y corrupción, durante el pasado gobierno (de Martinelli), pero aún con los cañones humeantes por ese disparo, logró un contrato millonario con el actual gobierno (de Juan Carlos Varela).

Se trata de la venta al Estado de pistolas chalecos antibalas y municiones por un monto de 4 millones 119 mil 500 dólares. Adjudicado a la empresa Armas y Municiones Nacionales S.A. ARMUNAL, la empresa de Grajales. Una compra cuyos detalles se mantienen en reserva amparados en las excepciones de la Ley de Transparencia.

Pero el empresario, que lleva 14 años en el negocio de la venta de armas fue indagado como uno de los principales actores en la triangulación de 406 pistolas Glock, que se introdujeron al país en 2013 de manera ilegal, de acuerdo a las pesquisas de la Fiscalía Anticorrupción del Ministerio Público.

La fiscalíá afirma que en la operación entre Grajales y el entonces director del Servicio de Protección Institucional, SPI, Jaime Trujillo, se utilizó a la institución como una agencia comercializadora de ARMUNAL, puesto que ese cuerpo de seguridad administraba y custodiaba las armas mientras estas se vendían.

En su declaración mientras era indagado por la Fiscalía Grajales admite que el plan para traer las armas siempre fue venderlas para uso privado, “Los oficiales siempre me preguntaban cómo podían hacer para comprar una pistola, para su protección y defensa de de ellos y sus familias”. Así que viendo ese mercado cautivo, acepta que planificó con el fabricante, a quien él representa en Panamá, una propuesta de precio accesible y financiamiento.

El problema mayor era la prohibición para la importación de armas de uso privado ya vigente para entonces. La fórmula que ubicaron fue declarar que el usuario final de esas pistolas sería el SPI. Así fue como se vendieron de contrabando 250 pistolas para uso particular y la institución compró las restantes.

Por el caso Pochi Grajales, proveedor del Estado, fue detenido a ordenes de la Fiscalía Anticorrupción, preventivamente acusado de Tráfico de Armas, Corrupción y Peculado.

Otros medios panameños como el diario La Prensa también reseñaron el caso en 2018.