A Carlos Prada Gómez lo conocen como socio del hijo de Raúl Morodo, el ex-embajador de España en Venezuela investigado por la justicia española por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y corrupción en transacciones internacionales.
Aunque extranjero, Prada Gómez tendría desde hace un tiempo la ciudadanía española. Sus compatriotas lo acusan de haber cobrado una comisión de $28,1 millones en un “guiso” (negocio) de $260 millones de Wilmer Ruperti, un empresario venezolano, con PDVSA. Todo gracias al ex-ministro de petróleo chavista Rafael Ramírez.
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