El testigo clave contra un capitán de la policía colombiana que filtró información confidencial sobre las investigaciones antinarcóticos de Estados Unidos recibió el martes una sentencia drásticamente reducida por su ayuda en un caso que ha puesto de relieve las preocupaciones sobre las operaciones de la Administración Antidrogas en el extranjero.
Según un reporte de Joshua Goodman para AP, el juez Robert Scola se puso del lado de los fiscales federales en Miami, quienes determinaron que la cooperación de Juan Carlos Dávila-Bonilla merecía una reducción del 40% de las pautas de sentencia que recomendaban una sentencia mínima de 57 meses por obstrucción de la justicia.
En cambio, el juez ordenó que lo liberaran inmediatamente bajo libertad supervisada después de pasar 33 meses bajo custodia desde su arresto en enero de 2019 en Colombia por una orden de Estados Unidos.
El testimonio de Dávila-Bonilla ayudó a condenar a Juan Pablo Mosquera, una estrella de la policía colombiana que encabezó un escuadrón antinarcóticos en la ciudad de Cali supervisado por la Unidad de Investigación Sensible de la DEA, el estándar de oro de sus asociaciones en el exterior.
Mosquera, quien se declaró culpable en Estados Unidos de dos cargos de obstrucción a la justicia, fue acusado de intentar vender información sobre lo que pensó que era una acusación de narcóticos inminente contra un estadounidense que había abandonado la libertad condicional décadas antes y se creía que vivía en Colombia.
La unidad de policía de Mosquera fue una de las muchas examinadas por la DEA en virtud de un programa destinado a ayudar a realizar investigaciones de drogas en países extranjeros donde los agentes estadounidenses enfrentan más restricciones que los agentes locales.
El programa ha llevado a la detención de cientos de capos de la droga en más de 20 países.
Pero un mordaz informe del Inspector General de Estados Unidos este verano criticó al liderazgo de la DEA en Washington por no supervisar adecuadamente a sus socios extranjeros en el cumplimiento de la ley, incluso después de una serie de escándalos bien publicitados.
El caso contra Mosquera surgió de un aviso de que estaba tratando de vender información a través de su representante, Dávila-Bonilla, un narcotraficante colombiano previamente condenado, a objetivos de las investigaciones policiales de Estados Unidos.
Cuando la DEA se enteró, organizó un operativo en el que compartió información falsa con Mosquera sobre una acusación en Miami contra un fugitivo estadounidense identificado en documentos judiciales como PL.
Menos de una semana después, Dávila-Bonilla fue grabado en una llamada telefónica con alguien que pensaba que era un asociado de narcotráfico de PL, pero en realidad era una fuente confidencial de la DEA. Dávila-Bonilla le dijo que la solicitud de extradición de Miami era inminente y que el estadounidense debía salir de Colombia.
El fiscal Joseph Schuster dijo que el papel de Dávila-Bonilla en la conspiración fue menor en comparación con el de Mosquera. Y dijo que Dávila-Bonilla también había ayudado con las investigaciones contra otros dos capos de la droga, ninguno de los cuales fue identificado por su nombre. Dijo que uno de ellos ya había sido acusado y el otro estaba siendo investigado por fiscales en Nueva York.
También pesó a favor de Dávila-Bonilla el hecho de que no tiene antecedentes penales en Estados Unidos, aunque ha sido condenado dos veces antes por distribuir cocaína en Alemania e Italia.
“Me gustaría decirle a este honorable juez y al tribunal cuánto me disculpo por este error”, dijo Dávila-Bonilla en breves declaraciones antes de que Scola impusiera la sentencia leve, y agregó que esperaba que el tribunal le diera la oportunidad de “reconstruir mi vida.”
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