Edward Gudiño y Yorjuaniris Ojeda tras Veinca, la empresa de la reprivatización del central azucarero Pío Tamayo en Venezuela

Por Marcos David Valverde
armando.info

Tras bambalinas de la pandemia y a las bravas: así se consumó a fines del año pasado la reprivatización virtual del central azucarero Pío Tamayo en el estado Lara. Es el colofón de un proceso de desmantelamiento, mediante nacionalizaciones y quiebras, de lo que alguna vez fue una poderosa procesadora de caña. Ahora puesta en manos de unos privados sin experiencia en la industria pero con contactos en el oficialismo, despedida toda su plantilla obrera, parece destinada a la maquila, aunque todavía nadie explica -y nadie entiende- qué se planea hacer con sus instalaciones.

Tras el fallo monumental del chavismo en administrar las empresas estatizadas por Hugo Chávez, la autodenominada Revolución Bolivariana que ahora lidera Nicolás Maduro le da la vuelta al círculo y ejecuta una ola reprivatizadora. Los objetivos de este giro pragmático, más allá de repartir lo confiscado, no parecen evidentes: ¿Reactivar las empresas, rematarlas, prolongar su agonía? Pero un resultado concreto que ya se verifica es el surgimiento de una nueva clase empresarial venida de la nada.

Es lo que se está viendo en torno del central azucarero Pío Tamayo, en El Tocuyo, estado Lara, recientemente entregado bajo la figura de comodato al Consorcio Veinca, una empresa privada sin antecedentes conocidos en el ramo.

Esa es, en torno de la negociación sobre la planta, una de dos certezas. La otra es que llegaron cortando empleos de raíz.

La entrega de la planta se hizo efectiva en octubre de 2020. En diciembre hubo despidos masivos. En marzo de 2021, 450 trabajadores despedidos del central -algunos. con hasta 25 años de antigüedad- salieron a la calle a protestar. Cerraron la avenida principal de El Tocuyo. Dijeron que sus salarios se habían mantenido entre 2.400.000 y 4.000.000 de bolívares (entre 1,3 y 2,16 dólares) mensuales y a pesar de ese valor ínfimo, todavía no se les pagaban las liquidaciones a algunos de ellos.

Héctor Escalona, por ejemplo, ha vivido (y padecido, si se toma en cuenta lo que más adelante relata), como trabajador del azucarero desde mediados de los años 90, buena parte del control estatal en la empresa. Pero la llegada de una administración privada no le trajo nada mejor. Hoy es uno de los cientos de despedidos a raíz del proceso de privatización. Y uno de los que ha protestado.

“Quedaron comprometidos en que en quince días nos iban a pagar lo que nos debían. El representante de Veinca dijo que iba a asumir la deuda [las liquidaciones que deben a 42 trabajadores] y que iban a ver la posibilidad de cancelar esa deuda y de reenganchar a los despedidos. Si en quince días [se completan el 18 de marzo] no nos cumplen, saldremos a protestar de nuevo”, explica a Armando.info.

Fue la primera vez que los reclamos y advertencias consiguieron romper el secretismo de la dirección de la empresa, que tiene voz pero todavía carece de rostro, no solo frente a los trabajadores sino ante el público.

El 27 de diciembre del año pasado en la cuenta de Twitter del azucarero (@AZUCARERO_APTCA en aquel momento, @CVeinca_apt ahora) quedó colgado un aviso. En este, el Consorcio Veinca anunciaba que a partir del día siguiente “dará inicio al proceso de contratación del personal que formará parte del talento humano de la azucarera Pío Tamayo, S.A., para el cumplimiento de su próximo ciclo productivo”. Se puede considerar como su único pronunciamiento público.

«Ciclo productivo», ¿es un eufemismo? En el Pío Tamayo hasta cierto punto lo es.

Desde la zafra 2014-2015, la producción de la planta no incluye la molienda de la caña. Hasta comienzos de 2020 solo consistió en la refinación y empacado de azúcar moscabada de Nicaragua. Esa etapa de casi maquila fue la culminación de un proceso de desmantelamiento del central cuyo epílogo es su cesión  a una empresa privada.

Nadie dijo nunca

La importancia del central tiene una base no solamente industrial, sino también histórica, condensada en casi 70 años. La compañía anónima Central Tocuyo se fundó el 24 de noviembre de 1952. En su primera zafra, en 1954, se procesaron 60.000 toneladas de caña y se produjeron 5.100 toneladas de azúcar refinada.

Casi dos décadas después de su fundación alcanzó un récord de 499.000 toneladas de caña procesadas y 41.712 toneladas de azúcar refinada producidas. Fue una cúspide que no volvió a conseguirse.

Ese año, 1972, el central azucarero Tocuyo fue el cuarto con mayor producción en Venezuela, tras El Palmar (en San Mateo, Aragua), Río Turbio (en Barquisimeto, Lara) y Matilde (en Yaritagua, Yaracuy).

En 2020, cuando Veinca se hizo de su control, ya no procesaba caña.

Los nombres que están tras Veinca y con cuyos rostros nadie ha dado, ni en el Central Pío Tamayo ni en El Tocuyo, son dos: Edward Gudiño y Yorjuaniris Ojeda. Esta última es socia desde 2017.

El Consorcio Veinca se fundó en 2009 en Caracas. Luego de una venta de acciones en 2014 y de un cambio de domiciliación, desde 2018 tiene sede en San Felipe, capital del estado Yaracuy, en el centro occidente venezolano. La razón social plasmada en su acta constitutiva deja entrever una multiplicidad de propósitos. Su fin principal es la comercialización de equipos ferreteros, automotrices y de construcción, aunque nada es limitativo. Unas líneas abajo se añade que, indistintamente, los bienes raíces, la planificación de proyectos de ingeniería y la negociación de alimentos son también parte de sus objetivos.

Gudiño y Ojeda comparten otra sociedad en la cooperativa Construiviase, también con sede en San Felipe y dedicada, principalmente, a la comercialización de pinturas industriales.

Gudiño es el artífice de un pequeño holding de empresas, en franco proceso de expansión. Como socio figura en al menos tres: Alimentos El Llanito, Alreca y Asociación Cooperativa Dismaca EG 25, R.L. Las dos primeras están registradas en Barinas, en los Llanos occidentales, terruño del comandante Chávez. La segunda, en Yaracuy. Todas tienen como parte de sus razones sociales el rubro de los alimentos, entre otros, aunque disímiles (por ejemplo, además de la comercialización de comida, Dismaca se dedica a la tapicería).

En diciembre de 2020, mientras los trabajadores despedidos exigían su reinserción y el pago de lo la CVA les debía, Veinca anunció en sus redes sociales nuevas contrataciones.

Ni Gudiño ni Ojeda se han mostrado en público tras la reprivatización del central, ni siquiera para apaciguar el malestar de los trabajadores.

Fue Raimond Manuel Gutiérrez Martínez quien se presentó como representante jurídico del consorcio, en cuyo nombre prometió, mediante una declaración a medios locales a comienzos de enero, reenganchar a los trabajadores. Una promesa a la que todavía nadie da cumplimiento.

Gutiérrez Martínez, quien en su cuenta de Twitter se presenta como “abogado postgraduado en Derecho administrativo y Derecho procesal civil, profesor universitario, creyente de las utopías posibles, de la democracia social”, además de masón, también tiene un historial de altos cargos en el Poder Judicial venezolano. Entre 2014 y 2016 fue juez del Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y ejecutor de medidas de los municipios San Felipe, Independencia y Cocorote, todos en Yaracuy.

Fue la única vez, con aquella declaración del representante legal, en que un vocero de la empresa compareció ante los trabajadores y ante los medios. Para este trabajo, Armando.info solicitó ocho veces una entrevista con Gudiño y envió un cuestionario por correo electrónico para que despejara esas incógnitas pero no hubo respuestas. Lo mismo ocurrió con Gutiérrez Martínez en un par de oportunidades.

Trabajadores consultados que optan por el anonimato afirman que las metas productivas de esta nueva etapa están bajo llave. Aseguran que, durante los tumultuosos días de diciembre, les dijeron que en un par de meses la planta estaría funcionando. Tanto para esto como para anunciar los despidos, los nuevos representantes de la empresa se valieron de un intermediario cuya actuación les resulta irónica a los trabajadores: el sindicato. Sus delegados, a puertas cerradas, se reunieron con los directivos.

“La promesa de Veinca fue refinar. Ellos prometieron el refino para febrero, pero a estas alturas (9 de marzo) no hay ni un gramo de azúcar refinado”, dice uno de los trabajadores.

¿Malo conocido?

Si para quienes están en el entorno del central azucarero estos dos nombres -los de Gudiño y Ojeda- son un misterio, no parecen serlo para el oficialismo revolucionario.

El primer enlace entre una empresa relacionada con Gudiño y el gobierno fue entre los años 2008 y 2011, con Dismaca y la CVA Leander Carnes y Pescados, liquidada en 2010 en el gobierno de Hugo Chávez en un proceso que precipitó la falta de productividad, la obesidad de las nóminas y el anexionamiento febril de empresas expropiadas al ente que las regía, la Corporación Venezolana Agraria (CVA).

El Consorcio Veinca, habilitado para contratar con el Estado, tiene entre sus clientes la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios C.A. (Cuspal), desde abril de 2020 presidida por Luis Fernando Soteldo, exdiputado de la fracción oficialista de la Asamblea Nacional por el estado Portuguesa y expresidente del Instituto Nacional de Tierras (Inti), además de sobrino de Wilmar Castro Soteldo, ministro de Agricultura y Tierras. Luis Fernando Soteldo figura como contacto en los contratos con Veinca, resumidos como “comercialización de carnes en diversas presentaciones y cortes”.

Las gobernaciones afines al chavismo también son parte de la cartera de clientes de Veinca. La de Miranda, con Héctor Rodríguez al frente, ha sido una de ellas, también por venta de carne. Los contratos registrados en el sistema de contrataciones del Estado, suscritos a partir del año 2017, no especifican cuánta carne vendió la empresa al ente.

Pero si ha habido una oficina gubernamental que ha promocionado con alharaca los acuerdos con Veinca ha sido la Gobernación de Guárico, con José Vásquez al frente. En septiembre de 2018, esa gobernación de los Llanos centrales de Venezuela anunció, como parte de un “plan de recuperación, crecimiento y prosperidad económica”, una alianza estratégica con el consorcio para la operación del matadero de Valle de la Pascua, municipio Leonardo Infante.

El plan tenía números claros en su primera fase: 60 toneladas de carne por mes que serían distribuidas en los mercados municipales del estado Guárico. Sin embargo, dos meses después, alrededor de 60 trabajadores del matadero denunciaron, a razón del cierre por descontrol sanitario, haberse quedado sin trabajo. Nunca se informó, de paso, si las metas anunciadas por la alianza estratégica entre Veinca y la Gobernación de Guárico habían sido cumplidas.

Una fuente de Valle de la Pascua afirma que el matadero, lejos de su razón social (y socialista), mueve su escasa producción, cuya cifra está encriptada, para grupos privados afines al gobernador Vásquez. A los mercados municipales nada llega.

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